BUSCAN FINANCIAR EL ESTUDIO DEL PALACIO
JUDICATURA. LA INSTITUCIÓN TIENE UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE $ 123.704,10, PERO AÚN NO SE ASIGNAN LOS FONDOS AL PLAN OPERATIVO ANUAL.
Por trabajos de mantenimiento de las redes eléctricas en Portoviejo, a cargo de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), varios sectores de la ciudad estarán sin energía eléctrica hoy, desde las 03h00 hasta las 06h00. Se informó que los sectores afectados son las ciudadelas Los Tamarindos, Los Olivos, Las Orquídeas, San Alejo, Fabián Palacios y Eloy Alfaro; y las avenidas del Ejército y 15 de Abril. Se pide a los residentes tomar precauciones para evitar inconvenientes.
Con una suspensión de 260 días a la fecha, el palacio de justicia espera una consultoría que determine el estado de la obra.
El informe elaborado por el administrador, José Luis Rodríguez, con fecha 17 de septiembre del 2023, que señala que el Consejo de la Judicatura (CJ) debe recuperar un monto de $ 3’955.712,73 por la no ejecución de rubros, por valores por amortizar y por multas en la obra, contratada con el Consorcio RPJ. Señala también los pasos que se han dado para conseguir el financiamiento para la contratación de la consultoría que determine la solución técnica para continuar la remodelación del palacio.
PROCESO. Ese informe detalla que el 23 de noviembre del 2022 el GAD Portoviejo, luego de una visita del director general del CJ a la obra, en la que se habría detectado problemas en una de las vigas en la planta baja, “de acuerdo a su competencia de Control Territorial suspendió los trabajos por 60 días o tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor que motivó la suspensión”.
El sello de suspensión prácticamente ha desaparecido de la puerta principal del edificio y aún no se ha conseguido los recursos para contratar la consultoría.
GESTIÓN. Lo que el administrador del contrato indica en el informe, es que se propuso un convenio entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para poder contar con un “diagnóstico de la estructura para saber de manera técnica especializada el comportamiento de la misma, pero el convenio no satisfizo las necesidades y requerimientos del Consejo de la Judicatura”.
Luego, la Dirección General del CJ dispuso que se levante las proformas, con diferentes instituciones públicas o privadas que cuenten con equipos y experiencia, para continuar con los estudios y se determine la solución técnica para continuar la obra. Así las cosas, el director nacional administrativo del CJ, el 25 de abril del 2023 solicitó una proforma técnico económica para la contratación de la consultoría a la Escuela Politécnica Nacional, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la Universidad Central del Ecuador y a otros profesionales estructuralistas, que han remitido lo solicitado. El 28 de agosto el director nacional administrativo remitió a la Dirección General el estudio de mercado para definir el presupuesto referencial para la contratación de la consultoría, por USD 123.704,10, y recomendó continuar con el proceso. Aún no hay resultados de esta gestión.
ANÁLISIS. Fabricio Villavicencio, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, recordó que en marzo, tanto el contratista como el fiscalizador pidieron al CJ rescindir de mutuo acuerdo.
Sin embargo, “hay algunas variables que pudieran entorpecer este camino, porque los montos de las multas superan el millón de dólares y existe dentro del informe un valor que se indica como cancelado sin ejecución, con un valor a devolver, cercano a los USD 4 millones”.
Orlando Ponce, presidente de la Junta Cívica del Pueblo, dijo que con este nuevo informe las reglas de juego cambian, “pues se pide que se hagan efectivos los seguros y tendrán que tomar la decisión los señores de la Judicatura. Además, el informe habla de que se contrate una consultoría para ver el daño que se encontró en la parte baja, lo que está en proceso.
La reconstrucción del palacio de justicia ha pasado por tres gobiernos y ninguno, ni Rafael Correa ni Lenin Moreno ni Guillermo Lasso han podido culminar la obra.
$ 1,1 MILLONES
MONTO TOTAL DE MULTAS ACUMULADAS AL CONSORCIO RPJ, CONTRATISTA DEL PALACIO.
$ 3,9 MILLONES
CON LA RESCISIÓN SE PUEDEN HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, PERO EL CONTRATISTA PUEDE CONTRADEMANDAR”.
DEBE RECUPERAR LA JUDICATURA POR LA NO EJECUCIÓN DE RUBROS Y MULTAS AL CONTRATISTA.
$ 1,5 MILLONES
PAGOS QUE, SEGÚN INFORME DE CONTRALORÍA, SE EJECUTEN SIN JUSTIFICACIÓN.