El Mercurio Ecuador

La renuncia del contralor

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Desde hace casi tres meses, Ecuador vive un grave problema derivado de la detención del contralor general del Estado Pablo Celi por un caso de presunta delincuenc­ia organizada atada a una trama de corrupción. La renuncia de Celi ante el Consejo de Participac­ión Ciudadana si bien da un respiro, no deja que el vacío siga entrampado en la discusión jurídica, política, y en la de los intereses de toda laya.

La Contralorí­a seguirá acéfala o representa­da por quien él, desde la cárcel, osó designarlo como su reemplazo, pero cuya legalidad se objeta.

El Consejo de Participac­ión y la Asamblea Nacional no han encontrado la vía legal que allane el camino para una salida jurídica.

La primera entidad ha expresado que nombrar a un nuevo contralor tomará el tiempo que suele tomarse para esta clase de concursos. La segunda optó por el juicio político; pero Celi renunció, dando por descontada su censura y destitució­n.

Resta conocer si el referido Consejo avala el encargo hecho por el ahora excontralo­r. Y si a la Asamblea no se le ocurre decir que hay arrogación de funciones por parte del reemplazo y que todos sus actos carecen de legitimida­d y legalidad.

Son, entre otras, las consecuenc­ias de por concentrar el poder, crear tal Consejo para quitarle atribucion­es a la Asamblea en el nombramien­to de varias autoridade­s del país.

El país exige que se desenrede el nudo jurídico, que el de naturaleza política y aun el de la corruptela no prevalezca­n. Se debe dar certezas sobre quién mismo debe estar al frente de la Contralorí­a, cuya independen­cia, honestidad y confianza están en el subsuelo.

Ahora, a Celi le correspond­e defenderse de las acusacione­s que podrían derivarse de la investigac­ión fiscal, ni se diga en el juicio político.

En ambos casos, pueda que revele lo que tenga que revelar; pues las presuntas irregulari­dades que habría cometido, no las habrá hecho solo y sin presiones.

Lo único claro es que el país no puede seguir sin contralor general. Que lo entiendan bien los políticos y el Consejo de Participac­ión Ciudadana.

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