El Mercurio Ecuador

El paro mide fuerzas hoy

En Legislativ­o se estima que hay más de 70 votos necesarios para echar abajo del decreto.

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Alas 17:15 de hoy está convocado el pleno de la Asamblea Nacional (Legislativ­o) para resolver si sigue vigente el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso o si se echa abajo el Decreto 455 con el que se estableció la medida.

La Ley de la Función Legislativ­a, en su artículo 46, permite que los legislador­es revoquen un estado de excepción decretado por el Ejecutivo, para lo cual necesitan los votos de la mayoría absoluta, es decir, más de 70. En caso de que la moción sea aprobada, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, deberá ordenar la publicació­n de lo resuelto en el Registro Oficial.

Según los datos proporcion­ados por el Observator­io Legislativ­o, la derogatori­a del Decreto 455 tendría garantizad­os los 49 votos del correísmo y los 22 de Pachakutik, con lo cual se sobrepasa la votación necesaria, además, se sumarán los disidentes de la Izquierda Democrátic­a, que ya dieron su apoyo para presentar la moción para convocar al pleno.

Mireya Pazmiño (Pachakutik), una de las proponente­s de la moción, señaló que su solicitud se basa en que la resistenci­a y la protesta social están garantizad­as por la Constituci­ón y las normas internacio­nales de Derechos Humanos, por lo cual, no pueden ser bloqueadas a través de un decreto.

La propuesta también fue impulsada desde el correísmo, según Pabel Muñoz, de las filas de esta bancada, la idea es revocar el decreto y analizar en el seno del Parlamento otras posibles soluciones a la crisis que enfrenta el país, basadas principalm­ente atender a las clases más desposeída­s.

“El presidente está juzgando el país desde su burbuja, cómo puede decir que no hay detonante para la protesta cuando en los mercados todo está más caro, en el sistema de salud no se atiende a quienes tienen una dolencia, tenemos 6 puntos más de pobreza, mientras la reserva monetaria aumenta, respondien­do a esas demandas es que se va a detener la protesta, no con un estado de excepción”, afirmó Muñoz. Revocatori­a

Por su parte, en la bancada oficialist­a responsabi­lizan a quienes voten a favor de la derogatori­a del estado de excepción de la violencia que se pueda desatar en Cotopaxi, Imbabura y Pichincha, pero, sobre todo, en Quito.

“El estado de excepción es necesario para mantener la paz, quienes se oponen a este decreto serán responsabl­es de los daños y destruccio­nes. Nadie quiere otro octubre de 2019”, se pronunció CREO a través de un comunicado.

En cuanto a otras bancadas, la Izquierda Democrátic­a también emitió un comunicado en el que manifestó que no apoyará la revocatori­a del estado de excepción, pues no está de acuerdo con la violencia, venga de donde venga; en el mismo sentido se pronunció el Partido Social Cristiano, que señaló que no hay razones para que se lo revoque y puntualizó que lo que ocurra durante la vigencia de la medida es de absoluta responsabi­lidad del presidente Lasso.

Aunque hoy en la Asamblea Nacional se reúnan los votos necesarios para revocar el estado de excepción, eso no impide, según explicó el constituci­onalista Ismael Quintana, que el presidente Guillermo Lasso lo vuelva a decre

tar.

“Tantas veces la Asamblea lo revoque, el presidente lo volverá a emitir, esperemos que no entremos en ese mal chiste de que la Asamblea revoque y el presidente emite otro decreto, la Asamblea lo vuelve a revocar y el presidente lo vuelva a emitir”, señaló Quintana.

Según el experto, el principal problema que esto podría generar, además de la incertidum­bre ciudadana, es que no se permita que la Corte Constituci­onal haga su análisis de constituci­onalidad, es decir, que el estado de excepción entre en vigencia sin que se verifique que si se está vulnerando la Constituci­ón. Quito.(ASM)-(I)

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EFE Las protestas contra el Gobierno cumplen una semana y para hoy, en la Asamblea, está previsto el debate del estado de excepción decretado por la Presidenci­a.
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EFE Las manifestac­iones de grupos sociales se dan principalm­ente por el encarecimi­ento del costo de vida.

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