No se hallan respuestas a la violencia carcelaria
El director de Rehabilitación estima que en un mes se puede tener un diagnóstico luego de la declaratoria de excepción en el sistema carcelario del país.
La situación se ha repetido en las últimas semanas. Presos de cárceles del país son asesinados mientras otros internos filman el crimen con celulares. En total, diez privados de libertad han muerto en prisión durante lo que va del 2019.
Los dos últimos, el pasado domingo, pese a que está vigente un decreto de excepción en el sistema carcelario del país desde el pasado 16 de mayo, que dispone, entre otras medidas, que las Fuerzas Armadas vigilen los exteriores de las cárceles, mientras que la Policía resguarda el interior.
Ernesto Pazmiño, director nacional de Rehabilitación, aseguró ayer que por el momento se necesita un presupuesto de 25 millones de dólares, de los cuales 4,5 millones serían para modernizar el control tecnológico de las cárceles del país.
Diez internos han muerto en las cárceles a nivel nacional durante el 2019, los dos últimos apenas tres días después de la vigencia del decreto de excepción en el sistema carcelario, por la violencia y asesinatos de las últimas semanas.
Las dos víctimas de este domingo pertenecían a una misma banda, pero peleaban por controlar un pabellón, comentó ayer Alfredo Muñoz, director de la Penitenciaría del Litoral, cuando ingresaba al centro de rehabilitación.
Según testigos y dos videos que se hicieron virales y que fueron grabados por internos, Luis Miguel Pincay Gómez, quien presuntamente era el jefe de ese pabellón, fue asesinado con dos disparos en la cabeza por su compañero de celda, identificado como Renzo de Jesús Romero Llapa, quien tras el hecho fue atacado con palos y cuchillos por otros internos. Este último murió en el hospital del Guasmo, en el sur de Guayaquil, horas después.
Según el director de ese centro, no se pueden esperar resultados inmediatos ante la declaratoria de excepción. Dijo que será paulatino, aunque el decreto publicado el jueves 16 de mayo indica que la intervención duraría solo 60 días.
Él espera que ya declarada la excepción se pueda contar con más personal –unos 500 guías se unirán este año al trabajo en las cárceles a nivel nacional– y adquirir equipos tecnológicos como escáneres más eficientes y cámaras de seguridad.
Muñoz aseguró la semana pasada que en la Penitenciaría habría unas 30 cámaras, pero se necesitarían en total 350 para el control adecuado de los privados de la libertad y el ingreso de visitantes.
Ernesto Pazmiño, director nacional de Rehabilitación, dijo ayer en una entrevista radial que ha identificado que por el momento necesitan un presupuesto de unos $ 25 millones, solo $ 4,5 millones serían para modernizar el control tecnológico de las cárceles.
Él espera que esto acabe con “ese manoseo injusto y denigrante a las mujeres en las cárceles, incluso a niñas de 12 y 14 años; es terrible ver cómo les hacen ese cacheo manual, hay ocasiones en que se las desnuda porque algún aparato sonó”, manifestó Pazmiño.
Según el director nacional, el uso de canes amaestrados dio buenos resultados en Quito para evitar que ingrese la droga, y podría replicarse a nivel nacional.
Pero advirtió que una vez que un verdadero control se realice y la droga ya no ingrese, habrá un grave problema de abstinencia en las cárceles y se requerirá la presencia activa del Ministerio de Salud. Él espera en un mes poder tener el diagnóstico
Ayer, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) convocó a una rueda de prensa en Quito para las 10:00, pero la cita fue cancelada y nadie se refirió al tema.
“
Vamos a incorporar 500 nuevos celadores porque hay un déficit bastante elevado (...) y los vamos a equipar con armas que disparan líquido paralizante que se usa en Europa”.
Ernesto Pazmiño, director de Rehabilitación