Crisis carcelaria
La crisis de los centros de privación en el Ecuador llegó a niveles alarmantes porque los tipos de transgresiones y crímenes se están dando casi a diario y las personas privadas de la libertad han trasladado su accionar más allá de su segmento social, ahora están secuestrando a los miembros de la Policía Nacional que los custodian, en una clara muestra de pérdida del temor a la autoridad.
Urge que el estado ponga coto al asunto porque en estos momentos el tema se salió de las manos y las cosas podrían caldearse más aún, ya que del simple secuestro momentáneo de los miembros de la Policía, ellos bien podrían pasar al asesinato de los representantes de la ley y no se trata de ser alarmista sino simplemente comprender que los privados de libertad ya no tienen nada que perder, nada los detendrá para alcanzar su objetivos o, si no existe un objetivo concreto, simplemente para expresarse de la única forma que conocen: con violencia. El estado es el responsable por salvaguardar la seguridad del país, es necesario que se comience a destinar un fondo económico que permita cubrir la capacitación
del personal policial para que puedan tomar las riendas en este caso, pero este adiestramiento debe realizarse en el exterior, en países del primer mundo, en donde los conocimientos están mucho más avanzados. Resulta prioritario derogar las leyes que han maniatado a nuestra Policía, leyes que impiden el uso de la fuerza y de las armas. De nada servirán los protocolos y las estrategias carcelarias mientras no se reformen las leyes. Es comprensible restringir el uso de las armas en sectores sensibles de la población como son los hospitales, las escuelas, las iglesias o los estadios, pero en un centro de detención resulta paradójico prohibir el uso de las armas a quienes deben mantener el orden. Se dedicó excesivo esfuerzo en modificar los calificativos, de reo o preso a privado de la libertad, en hacer valer los derechos humanos de los detenidos y en establecer un ambiente de paz en un medio en el que estos ideales resultan inaplicables, demasiado romanticismo irrelevante en el campo de la justicia y el control carcelario. Hay que priorizar las necesidades: reglas, leyes, preparación del personal uniformado y control. (O)