Tras exposición de datos digitales se acelera ley
Uno de los puntos a tratar es el “derecho al olvido” y el poder eliminar nombres en redes y buscadores.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentó ayer en la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, como respuesta a la filtración de cerca de 20 millones de registros de ecuatorianos, información que reposaba en los sistemas de varias instituciones públicas.
Entre los temas que contempla la propuesta están el “derecho al olvido”, que en casos específicos permitiría la eliminación de nombres en redes y buscadores, y el consentimiento para que el ciudadano autorice o prohíba el uso de sus datos, como en campañas comerciales.
La directora nacional del Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, explicó que el proyecto plantea la creación de una Autoridad de Protección de Datos Personales y que las empresas que no acojan las regulaciones y reincidan en incumplimientos serían sancionadas con una multa o la suspensión definitiva de sus actividades.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentó en la Asamblea para su respectivo trámite el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, como una respuesta a la filtración de cerca de 20 millones de registros (nombres, direcciones, placas de vehículos, etc.) de ecuatorianos, información que reposaba, sobre todo, en los sistemas de varias instituciones públicas.
Entre los temas que contempla la propuesta están el “derecho al olvido”, que en casos específicos permitiría la eliminación de nombres en redes y buscadores, y el consentimiento, para que el ciudadano autorice o prohíba el uso de sus datos, por ejemplo, en campañas comerciales.
Lorena Naranjo, directora nacional del Registro de Datos Públicos, explicó que el proyecto plantea la creación de una Autoridad de Protección de Datos Personales y que las empresas que no acojan las regulaciones y reincidan en incumplimientos podrían ser sancionadas con una multa de hasta el 17% de sus ingresos totales o la suspensión definitiva de sus actividades.
Según Michelena, esta ley permitirá “acabar con el mercado ilegal de base de datos”, obligará a las empresas a justificar el origen de su información que manejan y abrirá canales para que los ciudadanos puedan exigir su historial o, de ser el caso, rectificaciones y reparaciones integrales.
Sobre el caso de la empresa Novaestrat, que es investigada por la filtración ilegal de información de millones de ecuatorianos a un servidor detectado por terceros en Miami, insistió en que ya se han tomado correctivos y que las responsabilidades de funcionarios de este o del anterior gobierno las establecerá la Fiscalía.