El riesgoso juego de Vargas
Jaime Vargas ha lanzado un desafío a la sociedad y a la política ecuatoriana desde un lugar indescifrable para quienes se ubican siempre en la perspectiva del Estado nación y esperan lealtad a sus símbolos, autoridades y soberanía. A los indígenas se les exige mayor lealtad precisamente porque hay la sospecha (fundada) de que están en los márgenes. Vargas ha decidido activar políticamente esas fronteras, colocarse fuera y transgredir sus límites. Cuando todos quisieran verlo dentro del diálogo, pacificado, inmerso en la racionalidad del ajuste fiscal, él se posiciona en otra orilla: como presidente de la Conaie, indígena achuar, amazónico, luce corona de plumas, lanza consignas sobre el ejército indio, insulta al presidente de mala manera, descalifica a la clase política, no se presenta en la fiscalía y pone trabas para el ingreso de brigadistas del Estado a las comunidades de Tigua. Vargas escandaliza. El Gobierno le pide que se ubique y lo acusa de atentar contra la libre movilidad de los ecuatorianos por el territorio nacional. El señor Vargas –se lamentaba un ministro– no necesita pasaporte para venir a Quito, mientras exige autorización de las organizaciones y comunidades para que el Estado ingrese a los territorios.
Vargas está en otro lugar: despliega una suerte de plurinacionalidad de facto, que supone, entre otras y complejas dimensiones, impugnar al Estado y sus instituciones políticas como expresión de un único poder soberano sobre los ciudadanos y el territorio. Desde los años 90, la gran reivindicación de la Conaie ha sido el Estado plurinacional. Esta demanda ha transitado por dos momentos constituyentes: el de 1998 que declaró al Estado multiétnico y pluricultural, y el del 2007 que incorporó la plurinacionalidad como elemento constitutivo del Estado. No hemos dado aún forma institucional a esa declaración, pero la dirigencia indígena y los líderes comunitarios tienen la plurinacionalidad muy arraigada en su imaginario político.
Vargas siente hoy ser la expresión de un poder popular con la capacidad de desafiar al Gobierno y al Estado desde un radicalismo discursivo y desde la activación política de los territorios comunitarios como espacios con una soberanía propia. En el discurso de la plurinacionalidad la autodeterminación tiene distintos modos de expresarse. Pero Vargas está llevando ese sentimiento de poder popular a un terreno donde parecería que el propósito principal resulta su candidatura a la presidencia. Su aspiración es legítima aunque uno podría sospechar, si su paraguas político fuera Pachakutik, que las posibilidades de llegar al electorado son escasas, mucho más ahora que su radicalismo discursivo, unido a toda la violencia de la última jornada de protestas, resiente y asusta a un amplio sector medio de las ciudades.
La candidatura es problema de Vargas y de sus asesores. Sin embargo, su postura deja al movimiento social fuera del juego de negociaciones que abrió con el Gobierno después de una década de clausuras e imposiciones. Está muy bien hablar y posicionarse desde la plurinacionalidad, incluso desde la presión social, para negociar las políticas y la propia condición del Estado desde los intereses indígenas, pero poner en riesgo ese terreno ganado por ambiciones personales, me parece costoso políticamente para el movimiento, sus organizaciones y las comunidades. (O)