En medio del dolor de la pérdida de sus parientes por el COVID-19, hay denuncias de corrupción.
A un periodista le retiraron $ 600 con una tarjeta de débito. La cuenta es de su padre.
Aunque la crisis sanitaria por el coronavirus es de tal magnitud que no hay quien esté exento de sufrir los embates de la pandemia directa o indirectamente, en Guayaquil se han registrado quejas y denuncias en contra de quienes han querido sacar provecho de la situación aun a costa del dolor ajeno.
Estas se dieron en los hospitales del Guasmo sur, del Ministerio de Salud Pública (MSP), y Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros.
El periodista Augusto Itúrburu, de 40 años, falleció el miércoles 15 por COVID-19 en el hospital Los Ceibos. Desde el pasado 23 de marzo estaba internado en esa casa de salud.
Nelson Itúrburu, hermano del periodista, explicó que el día que ingresó al hospital, Augusto llevó consigo sus documentos de identificación, celular, reloj, anillo y tarjetas bancarias, entre ellas, una del papá de ambos.
Luego de varios días de convalecencia en Los Ceibos, su estado de salud se agravó repentinamente el pasado martes. El miércoles, Augusto falleció.
Una semana antes, Nelson fue a retirar los documentos de Augusto. “Él me llamó y me dijo: ‘Ñaño, me quitaron mis cosas y las pusieron en una funda roja, ponte pilas para que las vengas a retirar’. Pero cuando fui, en el área de información me dijeron que las habían quemado, porque estaban contaminadas”, narró Nelson.
Pese a aquello, detectó que desde hace varios días han retirado dinero de la cuenta de su padre. “Creemos que sacaron más de 600 dólares”, citó.
El hospital indicó que investiga esta situación. Este es uno de muchos otros casos registrados durante la emergencia.
En tanto, en el hospital del
Guasmo, familiares de las víctimas mortales del COVID-19 contaron que pagaban entre $30 y $300 al “gestor de la morgue”, quien tramitaba o ayudaba a retirar los cuerpos.
El malestar de los parientes de los fallecidos se hizo público durante marzo pasado y las quejas se mantuvieron los primeros días de este mes.
Luego de ello, Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, anunció la separación de un funcionario cuyo accionar fue calificado como “vergonzoso, indignante, intolerable” por el secretario de Estado.
Dijo que a cambio de dinero este daba información sobre el paradero de los cadáveres.
ANTE DENUNCIAS
■La próxima semana se cumplirán varias diligencias dentro de la investigación previa iniciada por la Fiscalía ante la denuncia de supuestos cobros por el retiro de los cadáveres víctimas del COVID-19 de hospitales. Anomalías
■La información requerida por la Fiscalía deberá ser remitida vía correo electrónico y las comparecencias serán telemáticas.
En ese entonces no dio nombres, pero desde el jueves rige un plazo de 72 horas para que remita información del funcionario separado a la Fiscalía Quinta Especializada en Delitos contra la Administración Pública, que abrió la investigación previa ante una denuncia presentada por Jorge Wated.
Este último lidera la Fuerza de Tarea Conjunta para la Coordinación del Levantamiento de Cadáveres en Guayas y deberá rendir su declaración libre y voluntaria, vía telemática, el 20 de abril.
El mismo plazo tienen los gerentes de los hospitales del Guasmo y Monte Sinaí, del MSP; Los Ceibos y Teodoro
Maldonado Carbo, del IESS; y el coordinador de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) de Salud, para informar si han recibido quejas relacionadas con la denuncia.
Luis Alvarado, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, sostuvo que esta conducta es el resultado de dos aspectos: el aprendizaje social basado en quienes no enmarcan su comportamiento en principios éticos y las necesidades de sobrevivencia que impone una crisis como la actual.
Para él, la corrupción está institucionalizada y de eso se han aprovechado incluso funcionarios de alto rango.
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