Cesados de colegios pagados aseguran que quieren darles ‘$300 por 23 años de labores’
Docentes de colegios privados de Guayaquil y de Samborondón han tomado acciones legales en contra de las instituciones a las que sirvieron, en varios casos, por más de 20 años. Esto, en rechazo a los valores por finiquito que supuestamente pretenden darles sus patronos, luego de aludir fuerza mayor o caso fortuito como motivo de despidos.
Haydeé A. y Tania V., cesadas el viernes 15 de un plantel de La Puntilla (Samborondón), indicaron que en sus notificaciones constaban $300 y $645, que consideran irrisorios frente a sus 23 y 20 años de servicios, en su orden.
El numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo establece que el contrato puede terminar por esas causales, tomando en cuenta que fuerza mayor o caso fortuito es aquella situación que imposibilita el trabajo de la empresa.
“El colegio está ahí, nunca ha cerrado”, señaló Tania al sostener que no cabría ese marco legal en su caso ni en el de, calculó, unos 125 servidores cesados.
La pandemia del coronavirus, que derivó en la suspensión de la jornada laboral presencial, que retrasó el inicio de clases en el régimen Costa, y demás efectos, repercute en la pérdida de plazas de trabajo.
Carlos Araujo, jurista especializado en temas laborales, remarcó que fuerza mayor o caso fortuito implica la imposibilidad del trabajo de una empresa, que si esta continuaba operativa no cabría aludir el artículo 169 del Código de Trabajo en la situación de despido de una parte del personal.
“Presumo que en la mayoría de los casos se sentenciará a favor del empleado dado que los elementos como los están procurando y configurando en este momento para separar a un gran número de trabajadores sería no adecuado”, expuso Araujo.
Orlando L., quien dejó de ser instructor de béisbol en un colegio privado de Guayaquil, opinó que la entidad a la que sirvió por 12 años se estaría aprovechando de la pandemia para no pagar indemnización. Estimó que 23 servidores habrían sido cesados de la Dirección de Deportes. “Les pedí que reconsideren mi situación porque había estado enfermo de COVID-19”, mencionó.
Haydeé A., la docente del colegio de Samborondón, dijo que su despido significó un golpe adicional a la muerte de su papá por coronavirus.
En redes, afectados han expuesto casos de profesores despedidos de colegios privados denunciando que los valores por finiquito no son justos, ni la figura legal por la cual dejaron los cargos.
Los docentes señalaron que los han llamado de los planteles para la firma del acta de finiquito, que ellos se han negado y que han respondido que sus abogados se contactarán en pro de una salida.
Finiquitos
La dirección del plantel de La Puntilla prevé en los próximos días emitir un pronunciamiento respecto a los despidos. En Guayaquil, este Diario contactó a un colegio privado que cesó a un grupo de docentes para obtener una versión, la cual está pendiente.
Centros privados aluden el artículo 169 del Código de Trabajo para despidos.
En redes, docentes han exigido justicia respecto a montos por finiquitos.