El sector empresarial pide cambios en artículos de trabajo y pago de deudas
Gobierno mantiene en análisis el texto de Ley Humanitaria aprobado por Asamblea. Su plazo vence el 15 de junio.
Las voces que piden vetar la Ley Humanitaria también surgen del lado patronal. El Comité Empresarial detalló sus reparos en una carta al presidente Lenín Moreno, enviada el 20 de mayo, y que ya está en conocimiento del Gobierno. En ella advierten que la interpretación al artículo 169 del Código de Trabajo es antitécnica porque desdice el sentido original de la figura de fuerza mayor para terminar contratos, alegan que no es una interpretación sino una reforma que debió cumplir el procedimiento legal.
Esta causal “históric amente se entiende como la imposibilidad de trabajar por una causa ajena a las partes, imprevisible e irresistible. No tiene sentido que se interprete respecto al cese total del negocio para liquidar trabajadores”.
También objetan que para llegar a acuerdos con sus trabajadores no puedan distribuir dividendos, “esto eliminaría de cierta manera la posibilidad de generar acuerdos”. Y piden que para la reducción de la jornada laboral emergente se indique que no podrán repartirse dividendos obtenidos en los ejercicios en que esa jornada esté vigente y aclarar el tratamiento societario y tributario que se debe dar a esos dividendos no distribuidos.
El Ministerio de Trabajo indica que el proyecto aprobado por la Asamblea está en análisis y estudio de la Presidencia.
Moreno debe pronunciarse hasta el 15 de junio.
Reprogramación de cuotas
A más de lo laboral, el sector empresarial pide que las facilidades de pago a la Seguridad Social no solo se den a quienes se mantuvieron cerrados durante el estado de excepción por el COVID-19, sino a todas las empresas, pues todas han tenido problemas y no han podido operar en su totalidad.
En cambio, que la reprogramación del pago de cuotas de deudas no sea para todos los clientes. “Hay entidades financieras y negocios que venden al por menor y a crédito que no estarán en la capacidad financiera de atender operativamente todas las solicitudes de reprogramación. De igual forma, no todos los deudores tienen las mismas necesidades de refinanc iamiento”. Piden que esa medida no sea obligatoria. Igual para las cuotas de seguros y los créditos productivos.
Las facturas impagas de servicios de telecomunicaciones y básicos llegan al 50 % y 80 % asegura el Comité para objetar la obligación que establece el proyecto de ley de no suspender estos servicios por falta de pago, así como la división en cuotas de los valores adeudados y el plazo de un año posterior al estado de excepción para no incrementar las tarifas. Piden que se retome el texto original de no modificar tarifas durante seis meses. ( I)