El Universo

«EL ESTADO NO TIENE QUE MANEJAR EMPRESAS»

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El secretario general de la Presidenci­a, Juan Sebastián Roldán, prefiere no ser él quien revele las cifras de servidores públicos que saldrán en este proceso de eliminació­n de institucio­nes públicas; y deja entrever que si no se mejora la situación económica podría haber más recortes. Son 51 las que se han cerrado desde que Lenín Moreno asumió el poder.

¿Cuánto ha avanzado este proceso de reducción del Estado desde que se tomaron las primeras decisiones en mayo de 2017?

Se han reducido más de 40 institucio­nes y esto busca la optimizaci­ón de los servicios del Estado. El presidente y quienes trabajamos con él creemos que el Gobierno tiene que priorizar educación, salud, economía, vivienda y servicio social; y no tiene que manejar empresas públicas que le cuestan mucho dinero al país.

¿Están incluidas las 11 institucio­nes que se anunciaron hace pocos días?

No, son aparte, con esas serían 51 institucio­nes.

¿De cuánto será el ahorro?

Tenemos estimacion­es, solo en empresas públicas sería de unos $90 millones porque si no se cerraba TAME pudo llegarse a perder este año más de $60 millones, y en el resto unos $30 millones más. Creemos que con las otras secretaría­s vamos ahorrar al menos unos $100 millones.

¿Esto significar­á una reducción de la masa salarial?

No podemos adelantarn­os a decir cuánta gente va a dejar de trabajar en las empresas

públicas, porque algunos servicios no pueden dejarse de entregar; por ejemplo, con Correos del Ecuador vamos a buscar a una empresa que lo haga, porque el país no puede quedarse sin un correo, por convenios internacio­nales y por los servicios que presta. La Empresa Pública del Agua tampoco puede dejar de brindar el servicio porque es la dueña de los proyectos multipropó­sito; la Unidad Nacional de Almacenami­ento tampoco porque es la que compra, regula y maneja los inventario­s de alimentos para el programa de alimentaci­ón escolar. Lo que haremos es una optimizaci­ón para que no se dupliquen puestos administra­tivo-financiero­s.

¿Quién decidirá qué funcionari­os saldrán?

Los directorio­s de las empresas públicas, y habrá plazos de 30, 60 y 90 días, para ello hay un liquidador de la EMCO, Marco Ávila, que estará presente en todos los directorio­s al igual que Planifica Ecuador, y entre los dos decidirán cómo se continuará prestando servicios sin afectar a la población. A nadie le gusta que salga gente del sector público; sin embargo, es momento de generar un ahorro con la reducción del Estado para invertir en salud y en el proyecto Reactívate Ecuador con préstamos al 5% a 36 meses con 6 de gracia, que empezarán a otorgarse desde el 25 de mayo.

¿ Cuántos saldrán?

No tengo el número específico; preferiría que Marco Ávila lo diga.

Frente a las medidas económicas empiezan las reacciones sociales, ¿cómo va a responder el régimen?

Es normal y legal que la gente que está descontent­a salga a protestar, en tanto eso se enmarque en el respeto a la salud de las demás personas, porque las aglomeraci­ones sin responsabi­lidad pueden generar contagios de COVID-19, y ocasionar rebrotes; vivimos en democracia y las personas pueden protestar.

¿Hacia dónde se dirigen las acciones del Gobierno en el último año?

Tenemos cuatro prioridade­s claras: salud, alimentaci­ón, producción y cuidado de la dolarizaci­ón. No vamos a dejar que el país entre en crisis y por eso pedimos esfuerzos para que ahorrando en el sector público podamos entregar ese dinero al privado en créditos. Tenemos que lograr es que la economía se vuelva a mover.

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