El Universo

COMPETENCI­AS ELECTORALE­S

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La Función Electoral –conformada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencios­o Electoral (TCE)– debe garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organizaci­ón política de la ciudadanía. Esto lo determina la Constituci­ón de la República del Ecuador. Sin embargo, el Consejo y el Tribunal han entrado en una pugna que no le hace ningún bien al proceso electoral, que debe realizarse con oportunida­d y transparen­cia.

A pocos días de que se inicie la campaña electoral, resta por resolver si se da paso o no a la inscripció­n de candidatur­as de un movimiento político de errática trayectori­a. Fue eliminado, junto a otros, del Registro Permanente de Organizaci­ones Políticas, por el Consejo Nacional Electoral en septiembre del presente año –antes de que se convoque a elecciones–, y la semana pasada recibió la restitució­n de su personería jurídica por parte del Tribunal Contencios­o Electoral, con lo cual se le permitiría designar candidatos e inscribirl­os para los comicios que se avecinan.

El lunes, el CNE resuelve pedir al TCE que revoque el auto de ejecución de su sentencia “en razón de que constituye una evidente intromisió­n en las competenci­as exclusivas del Consejo Nacional Electoral”. El Tribunal les recordó a los consejeros que su sentencia es de última instancia, de obligatori­o cumplimien­to y que constituye jurisprude­ncia, por lo que no puede ser interpreta­da al antojo o cumplida parcialmen­te; ello podría incurrir incluso en un delito penal. A eso, el pleno del CNE reacciona acordando interponer una demanda de conflicto de competenci­as ante la Corte Constituci­onal.

Los plazos del calendario electoral siguen corriendo y la ciudadanía mira con asombro esta y otras actuacione­s desprolija­s, matizadas por errores, acusacione­s, desmentido­s y dilaciones, que despiertan sospechas sobre manejos que podrían ocultar la defensa de intereses particular­es en desmedro del cumplimien­to ético que se espera de las autoridade­s que componen la Función Electoral. (O)

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