Justicia Social, el movimiento de la polémica
Una cronología de la pugna del grupo que quiere postular a Álvaro Noboa.
Hace varios años, un grupo de abogados que quería participar en política decidió formar el Movimiento Justicia Social (MJS, lista 11), que ahora pugna por aparecer en la papeleta de los comicios del 2021 con Álvaro Noboa como su candidato presidencial.
Manuel Castilla, quien fue su director desde el inicio hasta septiembre de este año, cuenta que los integrantes tenían poca o ninguna experiencia en política. En esa lista estaba la pareja de abogados Pamela Martínez y Jimmy Salazar.
Martínez fue asesora personal del expresidente Rafael Correa, y luego, por nominación de este, llegó a ser jueza constitucional; ahora está en la cárcel cumpliendo una sentencia por el caso Sobornos 2012-2016, que también alcanza a Correa y a otros de sus funcionarios. Mientras que Salazar es investigado por supuesto tráfico de influencias como presidente del Colegio de Abogados del Guayas.
Su primera participación electoral se dio en las seccionales de marzo del 2019, en las que alcanzaron tres alcaldías: Loja, Antonio Ante (Imbabura) y Archidona (Napo). Salazar participó por la Prefectura del Guayas, pero no ganó.
En julio pasado, la Contraloría General emitió un informe definitivo en el que advirtió que Justicia Social y otras tres agrupaciones mostraban irregularidades en las firmas que presentaron para registrarse; y recomendó al Consejo Nacional Electoral (CNE) eliminarlo, algo que para Castilla no tenía sentido, porque ya había participado en comicios y eso quería decir que había cumplido con los requisitos.
El CNE recién atendió el pedido de la Contraloría en septiembre, cuando ya se había cerrado el registro de partidos políticos. La agrupación llevó su caso al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el cual ratificó su personería jurídica y lo habilitó para participar en las elecciones del 2021.
Mientras esto pasaba, el grupo hizo sus elecciones internas el 20 de agosto. El primer binomio que inscribió fue el conformado
CNE y TCE tienen una disputa sobre si el MJS debe participar o no.
por Fabricio Correa y Marcia Yazbek. Pero en el camino la directiva de la tienda política decidió reemplazar a Castilla, quien afirma que se alejó por motivos de salud de su hijo. En su lugar se nombró a Jimmy Salazar Sánchez, hijo del excandidato a prefecto.
Correa relata que por ello decidió “bajarse” de la lista junto a Yazbeck y la primera candidata a asambleísta nacional (Tabitha Véliz). Esto porque, explica, quien lo había convencido de postularse fue Castilla, en quien confiaba por ser su amigo del colegio San José La Salle.
Él, a diferencia de Castilla, ve este movimiento como un “golpe de directorio” con objetivos que no compartía.
En lugar de Correa y Yazbeck, MJS intentó registrar como binomio a Carlos Cassanello y Marien Segura el 7 de octubre, al cierre del proceso de inscripción. Ambos habían sido definidos como “suplentes” por si pasaba algo.
Días antes del registro de Fabricio, Noboa perdió su partido, Adelante Ecuatoriano Adelante, eliminado por el CNE por no obtener el porcentaje mínimo de votos en las últimas dos elecciones.
Noboa ya venía conversando con otras tiendas políticas, incluyendo Justicia Social, para apuntalar su postulación, pero inesperadamente dijo que declinaba su candidatura para buscar consensos y formar un frente anticorreísta.
Cuando el TCE habilitó al MSJ, Noboa reapareció para anunciar que sí correría por la Presidencia con el MJS.
La abogada personal de Noboa, Sylka Sánchez, dijo a este Diario que la agrupación se acercó a Noboa para pedirle que los represente sin “pedir nada a cambio”.
El acuerdo se dio con el nuevo director, Salazar Sánchez, a quien el candidato a vicepresidente y esposo de Sylka, Gino Cornejo, ve como un joven honrado que no ha sido vinculado a casos de corrupción.
Pese a ser el máximo dirigente del movimiento, Salazar Sánchez no da declaraciones, pues señala que la vocería ahora la lleva Sylka Sánchez.
Ella y Cornejo son quienes lideran los reclamos ante el CNE y piden que se cumpla la ley y se ejecute la decisión del TCE de darles plazos para inscribir a sus candidatos. (I)