Dos casos de concusión en la Asamblea, con diferente rumbo en la Corte Nacional
La Fiscalía pidió el incremento de la pena para la exlegisladora y exvicepresidenta María Alejandra Vicuña y vincula a dos personas en la causa contra la asambleísta Karina Arteaga.
Una audiencia suspendida para que los jueces analicen los argumentos entregados por las partes para apelar la sentencia atenuada de un año que recibió la exasambleísta María Alejandra Vicuña y la vinculación de dos personas al proceso penal contra la asambleísta Karina Arteaga fueron el rumbo que tomaron ayer en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dos casos en los que se analiza el pedido de diezmos en la Asamblea Nacional, sancionado bajo el delito de concusión.
La primera diligencia fue la solicitada por Vicuña, la Fiscalía y la Procuraduría. Las dos instancias públicas, luego de asegurar que se ejecutó la conducta de solicitar recursos a sus colaboradores, pidieron que en lugar del año de cárcel dado en primera instancia el Tribunal de Apelación defina el máximo de la pena, es decir, cuatro años de prisión.
La defensa de Vicuña, Juan Salazar, aseguró que es imposible que se incremente la pena y aclaró que en la audiencia de juicio se demostró que cualquier aporte fue hecho de forma voluntaria, porque eran amigos de la Alianza Bolivariana Alfarista.
El 30 de enero de 2020, un Tribunal de la CNJ en primera instancia definió que Vicuña “ejecutó actos que no están amparados por causal de justificación alguna”, y que en este caso “se realizaron los actos idóneos y conducentes de modo inequívoco para exigir contribuciones indebidas por parte de la procesada en calidad de asambleísta”.
David Jacho, presidente del Tribunal de Apelación, dispuso que se suspenda la diligencia para que los jueces deliberen.
En tanto que Jhon Arturo Álava, esposo de la legisladora Karina Arteaga, y Jenny Muñoz, colaboradora de su despacho, fueron vinculados a la instrucción fiscal en la que Arteaga era la única procesada. Contra ambos se ordenó la presentación periódica cada quince días y se mantiene la orden de arresto domiciliario para la legisladora.
Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, existen elementos que indicarían que los vinculados habrían recibido transferencias del personal del despacho de Arteaga.
A decir de Vinicio Rosillo, abogado de Arteaga y de su esposo, esta audiencia evidencia la debilidad del caso que mantiene la Fiscalía.
La Fiscalía sostiene que Arteaga habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores a través de terceros. Aparentemente existirían indicios de que ella, en 2018, dijo a su personal que podían conseguir un empleo pero con un aporte de $ 40 de su remuneración mensual, y existirían depósitos hechos en la cuenta de Álava por unos $ 31.000.
Con las vinculaciones la instrucción fiscal se extiende 30 días más. (I)
Fiscalía presentó unos 20 elementos de convicción en el caso de Arteaga.