Comisión de Enmiendas aprobó tres informes sobre cambios constitucionales
Ayer se realizó en el pleno el primer debate de reformas en el Consejo de Gobierno de las islas Galápagos.
La Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional aprobó ayer el informe para segundo debate sobre tres temas.
El primero se refiere a cambios en los requisitos para la designación del contralor general del Estado y del fiscal General del Estado.
El proyecto sugiere reformar los artículos 196 y 211 para que no puedan ejercer las funciones de contralor y fiscal quienes, durante diez años previos al concurso, hayan ejercido cargo público de libre nombramiento y remoción con rango ministerial.
Héctor Muñoz (IND) cuestionó que no existe una base para determinar el tiempo de diez años y que no se puede satanizar a los que estuvieron en determinado Gobierno.
Elizabeth Cabezas (AP), presidenta de la Comisión, señaló que el tema del tiempo podría analizarse ampliamente en el pleno. Además, dijo que está pendiente el debate sobre la transformación de la Contraloría en Tribunal de Cuentas.
En el segundo informe se incluyó el número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de la red vial de cada provincia como uno de los criterios para la asignación de recursos del Gobierno central.
Es un cambio al artículo 272 de la Constitución que habla de la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados, conforme a tres criterios: tamaño y densidad de la población, necesidades básicas insatisfechas.
El tercer informe traslada de vuelta a la Función Legislativa la facultad de designar a las autoridades, lo que ahora hace el Consejo de Participación Ciudadana.
Así, la Asamblea Nacional designaría, con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, al procurador general y a los superintendentes (de ternas del Ejecutivo); a los delegados del Consejo de la Judicatura, defensor público y del pueblo, fiscal, contralor; y a los miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. (I)