El COVID-19 no tiene freno; Gobierno anuncia pedido de 4.° estado de excepción
Autoridades de Salud y médicos exigen cuarentena selectiva o focalizada porque los contagios y muertes suben y hay presencia de nuevas variantes en el país. Corte Constitucional señaló que la facultad para adoptar medidas la tiene el presidente.
La situación sanitaria se agrava semana a semana en el Ecuador por el COVID-19 y ya en el Gobierno se viabiliza la puesta en vigencia de un cuarto estado de excepción, que facilitaría establecer confinamientos o cuarentenas focalizados en las provincias o localidades que tienen más altos índices de contagios y muertes por el virus. El anuncio lo hizo ayer en la mañana, vía Twitter, el secretario general de Gabinete, Jorge Wated.
El pasado jueves, las autoridades del Gobierno y de Salud se reunieron con los miembros de la Corte Constitucional para exponer los datos técnicos y respaldar un pedido de estado de excepción. El organismo señaló ayer que allí se ha reiterado que “únicamente el presidente de la República es quien tiene la facultad de dictar las medidas necesarias”. Ayer, la cifra llegó a 360.546 casos confirmados y 17.703 fallecidos.
Jorge Wated, secretario de Gabinete de la Presidencia de la República, anunció ayer que se pedirá a la Corte Constitucional (CC) un cuarto estado de excepción, ante el alarmante repunte de contagios de COVID-19, virus que ha causado más de 16.000 muertes, entre confirmadas y probables, en el territorio ecuatoriano.
El funcionario indicó que antes del feriado de Semana Santa se había solicitado un confinamiento selectivo durante un mes. “Se tomaron las medidas y la Corte Constitucional dio de baja por tercera vez el estado de excepción”, refirió.
Horas antes de la publicación que Wated hizo, desde el área de Gestión de Prensa y Relaciones Públicas de la CC se explicó que la Corte, el pasado 15 de abril, recibió a las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE)
nacional, quienes habrían expuesto información técnica especializada sobre la situación actual que atraviesa el país.
En la reunión se habría reiterado que “únicamente el presidente de la República es quien tiene la facultad de dictar las medidas necesarias”, sobre la base de los estudios técnicos del COE nacional y en el ámbito de sus competencias, junto con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de otras entidades.
“Se recalcó que este organismo (Corte Constitucional) no limita, restringe o autoriza al primer mandatario hacer uso de sus facultades”, aclaró el comunicado entregado desde el área de prensa de la CC.
Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte Constitucional (CC), rechazó ayer la desinformación generada sobre las competencias del organismo respecto a estados de excepción y “el intento de responsabilizar a este organismo de los efectos de esta crisis”.
Salgado aseguró que la institución que dirige está consciente de la situación por la que atraviesa el país, pero refirió que los jueces constitucionales consideran necesario hacer ciertas aclaraciones “ante la desinformación provocada por diversas autoridades”.
“La Constitución de la República otorga únicamente al presidente de la República la facultad de dictaminar estados de excepción en el territorio nacional o en parte de este. Una vez emitido el decreto de estado de excepción, la CC, en ejercicio de sus atribuciones y competencias, efectúa control de constitucionalidad que permite verificar que los derechos y garantías constitucionales de los ecuatorianos no sean vulnerados a través de estas medidas”, señaló Salgado.
Recordó que el organismo que dirige “no limita, restringe o autoriza” que el primer mandatario haga uso de sus facultades, pues el control de constitucionalidad se realiza de manera posterior a la declaratoria de estado de excepción.
Según la CC, hasta el momento no ha recibido del presidente de la República, Lenín Moreno, decreto de estado de excepción alguno.
Semanas atrás, el primer mandatario dispuso el tercer estado de excepción desde que se inició la pandemia de COVID-19 en marzo del 2020.
En las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, El Oro, Loja, Pichincha y Azuay se estableció un toque de queda entre las 20:00 y 05:00, así como otras medidas restrictivas, a partir del pasado 2 de abril, y que preliminarmente tendría una extensión de 30 días.
No obstante, el 6 de abril la Corte Constitucional dispuso que la medida solo iba a regir hasta la medianoche del 9 de abril, alegando que el primer mandatario justificó estas resoluciones únicamente hasta esa fecha. Dos días después, se celebraron las elecciones presidenciales en el país.
Además, la CC ordenó al Gobierno que en el plazo máximo de tres meses elabore y presente ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que regule, de manera adecuada, el derecho a la libertad de tránsito en forma temporal y solo para enfrentar la pandemia.
Juan Zapata, presidente del COE nacional, explicó que están trabajando en una normativa para este efecto, la cual tiene un avance del 70%. Indicó que en quince días estará lista y será presentada. (I)