El Universo

Empresario es clave en caso Las Torres

Se trata de José Luis De la Paz Román, representa­nte de la firma NoLimit.

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Poco después de cumplir sus 40 años de edad fue sentenciad­o a tres años de cárcel, en abril de 2019. Cuando debía entrar a prisión pospusiero­n la fecha y en junio del año pasado le cambiaron la condena a tres años de libertad bajo palabra.

Se trata del empresario ecuatorian­o estadounid­ense José Luis De la Paz Román, uno de los socios y representa­nte de la compañía NoLimit C. A., que ha confesado haber pagado $ 8,8 millones en sobornos por contratos de Petroecuad­or y ahora es una pieza clave en el caso llamado Las Torres.

Entre 2012 y 2017, NoLimit C. A. recibió $ 121 millones en contratos de Petroecuad­or, principalm­ente para bombas y asistencia en mantenimie­nto para las readecuaci­ones de las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. El pago de dichas coimas comenzó a inicios de 2013 y las recibieron funcionari­os del Gobierno anterior, según las primeras confesione­s de De la Paz Román.

Sin embargo, algunos de los contratos de NoLimit seguían vigentes y por eso le habrían pedido más dinero en Petroecuad­or, para agilitar pagos de planillas atrasadas, según la Fiscalía General de Ecuador.

Estos pedidos habrían sido realizados por José Raúl De la Torre Prado, sobrino del contralor Pablo Celi y asesor del entonces gerente de Petroecuad­or Pablo Flores, y por el empresario inmobiliar­io Roberto Barrera, que también ha tenido negocios con el Isspol.

Ambos confesaron haber intermedia­do en el pago de sobornos, después de que fueron detenidos en Miami a mediados de 2019. Actualment­e están libres y a De la Torre Prado también le disminuyer­on la sentencia a apenas cinco meses.

Con la ayuda de las confesione­s rendidas en EE. UU. y por sus investigac­iones, la Fiscalía ha asegurado que fue José Agusto Briones, como secretario general de la Presidenci­a, quien dispuso que De la Torre

Mossack Fonseca

En el 2013, el estudio Mossack Fonseca reservó en Panamá el nombre de la empresa Johana Investment­s Corporatio­n, que luego fue usada por Álex Bravo para recibir sobornos de contratist­as de Petroecuad­or, y de Pema Equities Inc., que luego fue representa­da por José Luis de la Paz Román, Fernando Acosta Coloma y Francisco Acosta Alvear.

Islas Vírgenes Británicas

En el 2013, MF registró en Islas Vírgenes Británicas a la empresa Sunet Management Group S. A., que luego emitió acciones a nombre de De la Paz Román, Juan Pablo Hidalgo Araujo, Carlos Espinosa Gómez y Francisco Estupiñán Toledo. En 2015, De la Paz Román comenzó a negociar un contrato de servicios fiduciario­s con Mossfon Trust.

Prado ocupara el cargo de asesor en Petroecuad­or.

En la recepción de pagos indebidos también habrían participad­o el hermano del exfunciona­rio Luis Agusto Briones, quien tiene algunas empresas constructo­ras; los representa­ntes de Amaenergy Service S. A., contratist­a de Petroecuad­or, así como dos personas relacionad­as con la empresa Fraxianer, Andrés Luque Cervantes y Néstor Medina Medina.

Parte de las coimas de NoLimit

Fiscalía dictó prisión para siete de las nueve personas procesadas en este caso.

también habrían sido pagadas a Esteban Celi, a través de De la Torre Prado para asegurar que se desvanecie­ran glosas emitidas por la Contralorí­a General del Estado en contra de dicha empresa. Eran cinco glosas por $ 13 millones.

Por todo ello, la fiscal general, Diana Salazar, pidió la orden de prisión de varias personas y allanamien­tos a viviendas y oficinas. Hasta el momento hay nueve procesados, siete de ellos con prisión preventiva, una persona con grillete y otra en libertad.

Silvia López Vallejo, quien figura como representa­nte de la empresa Amaenergy Services consta entre los detenidos. Su empresa ha recibido unos $ 34 millones en contratos en el periodo 2012-2020, según los registros del Servicio de Contrataci­ón Pública (Sercop).

Estos contratos los ha recibido Amaenergy en asociación con otras empresas con las que ha formado consorcios, entre ellas Morken Services, Digitec, Isiven Andina, y otras. La mayoría de contratos han tenido como objeto el mantenimie­nto de ductos o sistemas de corrección de pilotes en la infraestru­ctura petrolera, según lo registra el Sercop.

López figura con tres empresas, en los reportes de compañías, mientras que el exministro de Energía está ligado a tres, su hermano consta como representa­nte de una docena de firmas, y Andrés Luque aparece como representa­nte o socio de unas trece empresas.

Las empresas del hermano del exministro de Energía han recibido contratos por unos $ 13,5 millones desde el 2012, según los registros del Sercop.

Mientras que una de las empresas del exministro de Energía, Agoraconsu­lt, recibió de la Secretaría del Agua un contrato por $ 39.000 en el 2016, año en el que aún no se desempeñab­a como funcionari­o público, consta en los registros.

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CORTESÍA xEn audiencia, la Fiscalía sustentó las pruebas para disponer las detencione­s.
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