‘Estado de bienestar’, la propuesta para la recuperación pospandemia
Cepal plantea implementar medidas de protección social para acortar las brechas de desigualdad, pero a nivel regional las economías deterioradas y el aumento de los déficits fiscales hace limitadas estas ayudas.
“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis”, dice Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El organismo considera que actualmente los costos de la desigualdad en la región se han vuelto insostenibles y que es necesaria la creación de un verdadero “Estado de bienestar”.
Según Cepal, el total de personas pobres en América Latina y el Caribe ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22
Un ingreso básico de emergencia es una de las medidas planteadas.
millones de personas más que el año anterior. Además, dice Cepal, que la pandemia pone al desnudo las desigualdades que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social y la injusta división sexual del trabajo.
Para poder acortar la brecha de la desigualdad, este “Estado de bienestar” al que se refiere Cepal comprende medidas de protección social en corto plazo como el ingreso básico de emergencia (IBE), bono contra el hambre e IBE para mujeres; y a mediano y largo plazo, un ingreso básico universal que tenga como prioridad a familias con niños, niñas y adolescentes e implementar sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social de amplia cobertura.
“Implementar medidas de protección social es viable y necesario para contrarrestar la pérdida de fuentes de ingresos laborales y sostener la demanda durante la pandemia. En la actualidad, es clave mantener las transferencias de ingresos, especialmente para la población en situación de pobreza y los trabajadores informales y precarios, así como el acceso universal a la atención médica, a los servicios básicos y a la alimentación adecuada...Las medidas de protección social son clave para una respuesta integral a la crisis, que considere la dimensión social, la sanitaria y la económica”, dice Bárcena a este Diario.
Para Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, las economías de la región son absolutamente diferentes a las economías avanzadas que ya sostienen los estados de bienestar y dice que por la pandemia “las economías de la región se deterioraron y crecieron los déficits fiscales”, lo que hace que las limitadas ayudas sociales no puedan sostenerse.
Dice que Ecuador no tiene ninguna posibilidad de implementar dicho “Estado de bienestar”. “Con un PIB por habitante anual de $ 5.600 jamás puede concebirse esa posibilidad. Un objetivo en esa dirección debe llevar al Ecuador a producir como Dinamarca o Suiza. El actual objetivo primario del país debe ser lograr la sostenibilidad fiscal y un entorno para un crecimiento económico elevado y sostenido y, en ese marco, canalizar las ayudas sociales que permitan reducir la pobreza”, expresa.
Pese a que la situación en la región no es la mejor, Cepal dice que los Gobiernos implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron al 49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas y que sin esas medidas la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2% de la población. Entre estas medidas están las transferencias monetarias, extensión de las transferencias existentes (anticipo de entregas, ampliación de montos y cobertura), entrega de alimentos, medicamentos, mascarillas, la suspensión o exoneración del pago de los servicios básicos, implementación del teletrabajo, la prohibición de despidos, alivios tributarios, facilidad de pago de créditos e hipotecas.
Bárcena menciona también que se implementaron medidas de emergencia de protección social no contributiva en transferencias monetarias (147 medidas en 30 países).
“En el caso de Ecuador, se entregó el Bono de protección familiar por emergencia sanitaria,
Chile y Perú son ejemplo de medidas de protección social de emergencia.
y entre los programas más grandes de la región cabe destacar el Auxilio Emergencial de Brasil, el Ingreso Familiar de Emergencia en Argentina y Chile y el Ingreso Solidario en Colombia”, dice la secretaria.
Carrera señala que las medidas de protección social eran imperativas para impedir que la misma sociedad alcance niveles de ingobernabilidad insostenibles, pero que tales medidas deben retirarse a medida que las economías se normalicen y crezcan. Para Bárcena urge plantear a los países la necesidad de pactos sociales para fortalecer sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles.