Subsidio baja a $ 599 millones en doce meses
Es lo que se pagó en subsidios a combustibles importados, según BCE.
El Estado pagó $ 599 millones en subsidios a los combustibles importados entre mayo del 2020 y mayo del 2021, según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). En ese periodo hizo importaciones de naftas, diésel y gas licuado de petróleo (GLP) por $ 2.875 millones y vendió internamente combustibles por $ 2.275 millones.
Según el BCE, de abril 2019 a abril 2020 se pagó un monto mayor: $ 1.174 millones por subsidios a combustibles importados. Ahí se compró combustibles por $ 3.902 millones y se recibieron $ 2.727 millones por las ventas.
El sistema de bandas para fijar el precio de combustibles, cuya vigencia empezó en mayo del 2020, la caída del precio del crudo (en 2020) y el menor consumo por efecto de la pandemia generaron la reducción de ese monto del subsidio.
El sistema de bandas, que ha generado un incremento paulatino y sostenido de los precios de los combustibles, sí ha dejado beneficios al Estado. Por ejemplo, según el BCE, la importación de naftas representó un subsidio de $ 206 millones de abril del 2019 a abril del 2020, pero entre mayo del 2020 y mayo del 2021 fue de un millón positivo. Es decir que ya no hubo subsidio.
Pero el diésel sí sigue generando un resultado negativo que llegó a $ 287 millones (mayo 2020-mayo 2021). De todos modos la cifra es menor al subsidio entre abril del 2019 y abril del 2020: $ 760 millones. Para el GLP (sin sistema de bandas) el subsidio fue mayor: pasó de $ 208 millones (abril 2019-abril 2020) a $ 312 millones (mayo 2020-mayo 2021).
En octubre del 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideraba la creación del sistema de bandas como una reforma que permitiría “reequilibrar el gasto: de subsidios a los combustibles hacia la asistencia social”. Calculaba que esto generaría ahorros fiscales por casi $ 3.000 millones en seis años (2020 y 2025).
También planteaba que parte de esos ahorros fiscales (alrededor del 0,9 % del PIB, unos $ 900 millones) devendría en un aumento del gasto en programas sociales. Recomendaba además una sólida campaña de comunicación en torno a los beneficios para la sociedad. Ahora, el gobierno de Guillermo Lasso negocia un acuerdo más profundo con el FMI.
Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, indica que el Estado no ha recibido un ahorro por el sistema de bandas, simplemente “el hueco es menor”. Señala que cuando los precios del crudo están altos, el subsidio también crece, por lo que durante la bonanza petrolera hubo un gasto en subsidios de $ 5.000 millones anuales, es decir, mucho más de lo que se asignaba a salud o educación.
Acosta Burneo opina que se debe focalizar los subsidios para el transporte masivo, pero no para los particulares.
Algunos sectores apoyan seguir con el sistema de bandas, aunque moderándolo, y otros piden congelamiento de precios. Sin embargo, analistas coinciden en que existe falta de claridad en las cifras y en el destino de los fondos que se dejan de pagar por subsidios.
Al momento hay cifras que no coinciden. El BCE establece que existe un subsidio menor; en el anterior Gobierno se aseguraba que solo en diésel hubo un ahorro por las bandas de $ 600 millones. Pero esta semana los trabajadores energéticos emitieron datos de Petroecuador que indicarían que no existe dicho subsidio y más bien hay una utilidad.
Sobre este último dato, David Almeida, presidente de la Asociación de Trabajadores de Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep), dice que el cálculo que hacen las autoridades no es el correcto, pues no se incluyen la comercialización total interna ni los costos de producción de Petroecuador.
Explica que al hacer un ejercicio de lo ocurrido en el 2020 se puede ver que en los gastos están unos $ 3.652 millones: costo de producción y comercialización de Petroecuador está en $ 1.022 millones; la importación en $ 2.630 millones; mientras que en ingresos están exportaciones de derivados, venta en gasolineras, todo por un valor de $ 3.933 millones. Así resulta que hubo una utilidad de $ 281 millones.
De ahí que cree que se debería congelar el precio, pues el recurso petrolero les pertenece a los ecuatorianos. Para Almeida, entregar la refinación al sector privado (concesiones) tampoco es beneficioso para el Estado, puesto que este mismo genera utilidad aun más alta luego de haber implementado el modelo que ancla los precios a los internacionales. (I)