CPCCS, con divisiones internas a puertas de elegir a autoridades
Las sesiones plenarias del organismo se realizan con permanentes discusiones y hasta gritos entre la presidenta Sofía Almeida y los vocales que integran el grupo de minoría.
En los últimos 32 días, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se ha empantanado en una crisis interna que confronta a cuatro contra tres integrantes (son siete); esto, en una coyuntura política en la que deben liderar la designación de al menos quince autoridades de cinco organismos del Estado.
Estas fracturas y discusiones que en ocasiones llegan hasta los gritos no son nuevas. Ya se vieron en la presidencia de Christian Cruz cuando también había una mayoría que era de los cuatro consejeros hombres en contra de las tres mujeres, que reclamaban por ser impedidas de hablar.
La ahora presidenta Sofía Almeida era una de ellas. Solía increpar a Cruz que les silenciaba a ella y a sus compañeras los micrófonos en las sesiones, que se transformaron en virtuales por la pandemia del COVID-19 desde el año pasado.
Cruz fue cesado y destituido en la Asamblea Nacional, y Almeida lo reemplazó y es ahora ella la acusada de silenciar los micrófonos a la nueva ‘minoría’ conformada por Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira.
Las disputas se ahondaron después de las elecciones de la presidencia y vicepresidencia del CPCCS que se realizaron el 13 de junio pasado.
Almeida se reeligió con los votos de Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, Rosero y el de ella mismo; y Rosero fue designado vicepresidente con esos mismos votos. Almeida reconoció que ellos son la “mayoría absoluta”.
El Consejo debe designar, entre otros, al contralor y al defensor público.
Mientras, en los pasillos del Consejo los denominan ‘los cuatro fantásticos’.
Aunque en el organismo se han aprobado reglamentos para designar al titular de la Defensoría Pública, a nueve miembros de la Confederación de Soberanía Alimentaria (Copisa) y dos delegados para el Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras, es el concurso para designar a la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado lo que centra su atención.
También ha sacado a flote sus profundas diferencias políticas que se ventilan en los plenos del organismo.
El 14 de julio, Rivadeneira le decía a Almeida que se acordaba cuando las “luchas eran semejantes. Reflexionen sobre el daño que le están haciendo al Consejo”, les pidió.
Uno y otro vocal tratan de alzar más la voz para ser escuchados. No obstante, a cada reclamo de la minoría, Almeida suele gritarles.
“No me grite, presidenta. Esta no es su casa, no es su hacienda. Conozco que incluso es una costumbre que tiene con el personal, pero no me grite”, le dijo Rivadeneira.
Y para recordar que llegó a la consejería con el voto popular, Rivadeneira mencionó que fue la candidata más votada en las elecciones del 2019.
Almeida le respondió: “Lastimosamente sus dos millones de votos no le dieron para ser presidenta del Consejo”.
Subestima que los tres sean abogados y que no hagan propuestas para solucionar la supuesta ‘acefalía’ en la Contraloría con la renuncia de Pablo Celi y el ascenso de Carlos Riofrío como contralor general subrogante.
“Aquí la que ha tenido iniciativas de hacer resoluciones soy yo. ¿Usted qué ha hecho? ¡Dígame si mocionó algo! Deje de criticar y actúe”, reprochó Almeida a Rivadeneira.
Bravo, indignado, advirtió a Almeida que “cuenta con una mayoría pegada con saliva o
Sofía Almeida cree que hay un plan para desprestigiar al organismo que preside.
cáscara de huevo y algún día tendrá problemas cuando se despeguen”.
Rosero, Dávalos y Estupiñán no se involucran y entonces Almeida habla con la “ciudadanía” que la está viendo por la red YouTube y les aclara que “nunca” ha dado órdenes para que no puedan hablar, pero sí es “firme”.
Incluso Almeida reprodujo murmuraciones, que ella no ha podido confirmar, de que los consejeros opositores están reuniéndose “entre gallos y medianoche con autoridades, con gente que quiere eliminar el Consejo”.
Ibeth Estupiñán alertó de que no pueden seguir estos “plenos desagradables”, pero repuso en quiénes “son los que quieren crear esto”.
Otra contienda se dio en un pleno del 3 de julio pasado. Se cuestionaba a los consejeros de mayoría de hacer una rueda de prensa en Guayaquil para anunciar su propuesta para que el Legislativo haga una ley interpretativa a la ley de la Contraloría del Estado.
Ulloa dijo que se utilizan recursos públicos, como pasajes de avión y hasta el nombre del CPCCS, para anunciar una propuesta de ellos, que no había sido tratada por el pleno.
Almeida, en cambio, lo acusó de estar incurriendo en una arrogación de funciones por enviar una carta a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que haya un diálogo con las funciones del Estado y designar, de ser el caso, un contralor encargado.
Ella defendió su derecho a expresarse, así como Ulloa puede aparecer a diario “en los noticieros de Teleamazonas”.
Ulloa pidió inmediatamente a su colega que sea prudente de sus expresiones al hacer acusaciones “tan graves”.
El miércoles último, mientras se discutía sobre la elaboración del proyecto de reglamento para elegir al contralor general del Estado, su molestia hizo que revelara que el vicepresidente David Rosero “visitaba algunos despachos para que no le boten a su secretario de Transparencia (Enver Aguirre)”.
Y denunció que se están “tomando por asalto el concurso de contralor”. “¡Esto está armado desde hace rato! Esto no es una responsabilidad nacional como se ha querido vender, es algo que se cocina y vamos a descubrir qué se trata de hacer”, increpó Ulloa.
Almeida, con el rostro descompuesto de la ira, tomó aire y le gritó: “Lo único que le voy a decir es que ¡hay que ser bien cara dura, hay que ser bien cara dura para decir lo que se ha dicho”, y afirmó que no existe ninguna trama por “debajo de la mesa”.
En una entrevista en el portal digital La Posta, la presidenta dijo el viernes último que cree que hay “un plan” para desprestigiar el proceso para designar al próximo contralor y a la institución.
Y es con esas diferencias que el Consejo de Participación Ciudadana encaminará los concursos públicos para elegir a los titulares de la Contraloría, de la Defensoría Pública, del Copisa, del Comité de Fronteras y también a dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte de su renovación parcial. (I)