Capitán (sp) Vicente Grijalva festeja ‘estar vivo’ casi 30 años después de reclamo de justicia
La Corte Interamericana declaró al Estado responsable por la violación de garantías judiciales y la libertad de expresión de servidor destituido de la Armada del Ecuador.
Casi 30 años han pasado de que el entonces capitán de Corbeta de la Armada del Ecuador Vicente Aníbal Grijalva Bueno denunció a sus superiores que él tuvo conocimiento de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de tres personas por parte de miembros de la Marina. Era diciembre de 1991.
Esa acción dio origen a represalias que se iniciaron en julio de 1992 cuando el Servicio de Inteligencia de la Marina abrió una investigación contra Grijalva y otros por supuestas denuncias de pescadores que dijeron ser víctimas de extorsiones por parte del personal naval en Puerto Bolívar (El Oro) y denuncias sobre contrabando de combustible realizado también por personal naval.
El 27 de octubre de 1992 el Consejo de Oficiales Superiores de la Armada resolvió colocar a Grijalva “en situación de disponibilidad” por recomendación de una comisión investigadora, decisión que el 2
Vicente Grijalva denunció en 1991 a miembros de la Marina por irregularidades.
de septiembre de 1993 fue ratificada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Para el 17 de noviembre de 1992 el entonces presidente Sixto Durán-Ballén emitió el Decreto 264 disponiendo que Grijalva fuera “oficialmente puesto en disponibilidad” y el 18 de mayo de 1993, el Decreto
Ejecutivo 772 daba de baja permanentemente a quien ocupó como último cargo la capitanía de Puerto Bolívar, en El Oro.
Veinte años después de iniciar un proceso judicial contra el Estado ecuatoriano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2001) y luego de que el caso pasara a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2019), esta última instancia, el 3 de junio pasado, falló a favor de Grijalva y responsabilizó a Ecuador de la violación de sus derechos.
Así, la Corte declaró que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de garantías judiciales, libertad de expresión y protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Grijalva.
Cita que este “fue destituido de manera irregular de la Fuerza Naval en 1993, luego de haber denunciado torturas y desapariciones forzadas dentro de la esfera castrense”.
Aunque la decisión no le hace volver a creer en la justicia, el capitán en servicio pasivo asegura que para él es una gran satisfacción estar vivo después de casi 30 años de procesos legales y luego de que ha sufrido persecuciones, seguimientos, intentos de asesinato y crímenes sí consumados contra personas que estuvieron a su lado o eran subalternos.
“Haber pasado por todo eso y estar con vida, eso es gracias a Dios. (...) Qué tipo de justicia puede haber luego de 30 años de que se ha cometido un delito contra un inocente”, dice.
El Estado ecuatoriano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional respecto a las violaciones ocurridas en el proceso de destitución y por la falta de ejecución de la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales que ordenó en 1995 que Grijalva sea reincorporado a su cargo dentro del fuerza naval.
Ecuador aceptó que en los informes utilizados para destituir a Grijalva estuvo involucrado un agente militar que había sido denunciado por este de violaciones de derechos humanos; aceptó que otras autoridades también denunciadas formaron parte del Consejo de Oficiales Superiores que dispuso la destitución.
“La participación de dichos agentes violó el derecho del señor Grijalva de contar con una autoridad imparcial durante el proceso de destitución”, cita el documento de la
Vicente Grijalva recibió la baja de la fuerza naval el 18 de mayo de 1993.
Corte y agrega que el Estado ecuatoriano aceptó que Grijalva no tuvo posibilidad de conocer, participar y defenderse en el proceso sancionatorio.
Diario EL UNIVERSO buscó un pronunciamiento del Ministerio de Defensa. Contestó que no había sido notificado formalmente de la sentencia. (I)