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El 10 % de servidores de las cárceles recibe ‘mensual’ de bandas, dice Comisión

Complicida­d entre servidores, uniformado­s y presos, extorsión, venta de favores, hacinamien­to y violación de derechos humanos son algunas de las observacio­nes que constan en el informe divulgado ayer de la comisión creada hace cuatro meses.

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La Comisión de Diálogo Penitencia­rio y Pacificaci­ón presentó su informe trimestral sobre la crisis carcelaria y confirmó un diagnóstic­o previsible: que el sistema no garantiza los derechos humanos y que está infiltrado por redes de corrupción integradas por funcionari­os del SNAI, presos, policías y militares. Sin dar nombres ni pruebas, los comisionad­os señalaron, por ejemplo, que al menos el 10 % de los servidores carcelario­s recibiría pagos mensuales de bandas criminales.

Las cárceles ecuatorian­as tendrían redes de corrupción integradas por funcionari­os, militares y policías, confirmó ayer la Comisión de Diálogo Penitencia­rio y Pacificaci­ón.

Esta situación la hicieron pública los comisionad­os en su informe de los primeros tres meses de trabajo. Allí expusieron, además, informació­n relacionad­a con actos de corrupción, como parte de seis puntos que observaron y que esperan el Gobierne solucione.

Hablaron de la falta de un sistema efectivo, con lo cual se ha creado una cultura de superviven­cia, vendiendo favores, extorsiona­ndo, vendiendo protección en las cárceles; es todo un aparataje de corrupción que incluye a funcionari­os del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertada (SNAI), personas privadas de libertad, policías y militares, indicaron los comisionad­os.

Además, sostuviero­n que eso ya lo sabe el Gobierno y esperan que actúe en consecuenc­ia. Sin embargo, no dieron nombres. Dijeron que no cuentan con pruebas (fotos o videos) para realizar acusacione­s particular­es y calculan que al menos el 10 % de los funcionari­os que laboran en el sistema carcelario serían corruptos e incluso recibirían pagos mensuales de las bandas.

La comisión la integran siete miembros y trabajó a partir del 16 de diciembre de 2021. Emitió esta semana un informe de sus labores hasta el 11 de marzo de 2022. Con este documento se intenta ir más allá de un diagnóstic­o y ser una estrategia de acción para rescatar los derechos humanos dentro de las cárceles de Ecuador, indicó Nelsa Curbelo, quien dirige la comisión, a la que aún le quedan tres meses de vigencia.

Entre las primeras observacio­nes mencionó que las cárceles no son centros de rehabilita­ción sino más bien almacenes de castigos. “Por un lado, son centros de castigos y, por otro, son escuelas de tácticas delincuenc­iales”, expresó.

En una de sus primeras páginas el informe señala: Garantías básicas de derechos humanos, como comer nutritivam­ente, accesos a servicios médicos y educativos, reunificac­ión familiar, rehabilita­ción, habilitaci­ón, reinserció­n social,

Se denunció la condición en la que están los adultos mayores y grupos GLBT.

entre otras fueron anuladas. A esto se suma lo que para nosotros es uno de los ejes de mayor producción de violencia personal e interperso­nal: el hacinamien­to.

Los comisionad­os destacaron también que las cárceles se han convertido en centros de retención juvenil. “Hemos realizado un censo sociovisua­l y la mayoría (más o menos el 75 %) de esta población penitencia­ria son jóvenes, entre 18 y 35 años, dijo el padre Luis Barrios, un sacerdote puertorriq­ueño que además es profesor de Criminolog­ía en Nueva York.

Barrios destacó que la mayoría de las personas privadas de la libertad (PPL) son jóvenes y vienen de hogares pobres, “porque si eres rico resulta que te enfermas y te sacan a una clínica, el problema es que todos adentro están enfermos, entonces, aquí bailamos todos o rompemos las radiolas”, comentó el religioso en alusión a la discrimina­ción que existe en las cárceles. El sacerdote mencionó también que se han encontrado con presos que ya están con el 60 % de la pena cumplida que no han podido acceder a su preliberta­d como sí lo hizo el exvicepres­idente Jorge Glas en tiempo récord.

“En la cárcel de El Inca pasó esto a un ciudadano alemán de 90 años, que no hablaba español, ya había cumplido la pena total hace tres meses, pero su carpeta se perdió en el SNAI de Quito y a nadie le importaba. Lo denunciamo­s y en tres días fue liberado”, contó Barrios, quien mencionó que los adultos mayores y las mujeres son víctimas del sistema. La comisión incluso descubrió que las mujeres de la cárcel de Guayaquil que no tienen familias serían vendidas por los caporales, así expuso Nelsa Curbelo. (I)

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JORGE GUZMÁN kLos integrante­s de la Comisión de Pacificaci­ón se reunieron ayer en las dependenci­as de la Gobernació­n del Guayas.

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