LLAMADO A UNA TREGUA ENTRE LAS PARTES SE HACE DESDE LAS IGLESIAS Y COLECTIVOS SOCIALES
Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, manifestó ayer que en nombre de varias organizaciones de la sociedad civil e iglesias del Ecuador proponen al Gobierno, a la Conaie y a los movimientos sociales acogerse a una tregua para solucionar la crisis que el país vive por el paro nacional.
Su propuesta de tregua está basada en compromisos concretos y acompañada por veedores y garantes de alta credibilidad nacionales e internacionales.
En su planteamiento abarcan cinco puntos: comprometerse a apoyar un canal directo de diálogo entre el gobierno del presidente Guillermo Lasso y el movimiento indígena; suspender todo acto de violencia entre las partes; crear zonas libres de conflicto donde se garantice la paz; abrir paso a la distribución de alimentos en todo el país mientras se dialogue; y respetar el acceso a servicios básicos y salud, especialmente al suministro de medicinas a hospitales y centros de salud a nivel nacional.
Cabrera subrayó que se ofrecen como veedores en todo el proceso. “Para estas soluciones el diálogo es el camino más inteligente y fraterno, que tanto el Gobierno como los diversos movimientos indígenas y sociales han comprometido su activa participación”, indicó.
El religioso reiteró que harán llegar esta propuesta a las partes y que esperan sea aceptada para poder profundizar sus planteamientos. Comentó también que la Comisión Convocante al diálogo, integrada por más de 300 organizaciones, se ha encargado de elaborar la metodología para efectuarlo y que la Fundación Esquel será la encargada de presentarla ante las partes.
Sobre la aparente resistencia de la Conaie al diálogo y su aumento de peticiones, Cabrera mencionó que entre sus requerimientos a las partes está la coherencia y agregó que si ya ambas partes han mencionado que quieren dialogar, es hora de establecer esa mesa.
La Comisión Convocante pidió ayer que exista la libre circulación de ambulancias y vehículos de emergencia; la protección del derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa; la protección y respeto de los centros de acogida y asistencia humanitaria; el uso adecuado y proporcional de la fuerza de acuerdo a las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano y a los estándares internacionales.
Además, a través de un boletín, manifestaron que es urgente iniciar el desescalamiento de la violencia en el país respetando la integridad de quienes no participan activamente en la protesta, así como la propiedad pública y privada. No obstante, sostienen que las autoridades competentes deberán disponer las investigaciones que ameriten. (I)