De uno a diez años podrían recibir quienes provocan daños a servicios públicos
Atentar a bienes ajenos es otra causa por la que los culpables pueden recibir sanciones de la justicia ordinaria.
Transcurridas casi dos semanas de movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la tónica de las jornadas de protesta ha pasado de pacífica a violenta.
La calentura en carreteras y calles aumenta, y no solo por el bloqueo del transporte terrestre con quema de llantas, palos y troncos, sino por la colocación de montículos de piedras y tierra en ciertas rutas.
El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó que durante las manifestaciones han sido detenidas 106 personas por tenencia de armas de fuego, ataques a servidores policiales, bloqueo de servicios públicos, entre otros delitos.
Lo ocurrido en Puyo es el más reciente ejemplo de esa mutación en el ánimo de las protestas. El saldo de los incidentes entre manifestantes y las fuerzas del orden: 18 vehículos incinerados, 6 policías heridos, y algunos retenidos que luego, tras reuniones, fueron liberados. También se contaminó agua y se tomó una subestación en Tungurahua.
Los actos violentos se agudizaron en el Puyo tras conocerse la muerte de un manifestante kichwa en un supuesto choque con la Policía.
Hubo saqueos y una agencia del Banco Guayaquil fue incendiada. Además, periodistas de medios digitales fueron impedidos de grabar los hechos.
En el cantón Shushufindi, en Sucumbíos, el bloqueo de carreteras ya marcaba un precedente que lamentar porque una persona murió al no poder ser trasladada al hospital.
En Quito, protestantes irrumpieron en el edificio de la Fiscalía General del Estado; además se reportan daños a bienes públicos. El parque El Ejido registra árboles quemados, entre otros daños.
La Conaie deslinda su responsabilidad en los actos vandálicos, señala que hay infiltrados que promueven la violencia y los enfrentamientos.
Para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité por la Defensa de los Derechos Hulas
Para la Conaie, los actos violentos en el paro los provocan infiltrados.
manos, los hechos en Puyo y en otras localidades son factores que aceleran y agudizan la conflictividad social.
“Hacen que las posibilidades de diálogo disminuyan. Creo que, sobre todo las autoridades, deben mantener un discurso de serenidad, y de los manifestantes, específicamente los dirigentes”, sostuvo.
El ministro de Defensa, Luis Lara, señaló que detrás de esta protesta nacional estarían involucrados el narcotráfico y la delincuencia organizada.
El secretario de Estado expuso que las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional.
Lo dicho por Lara fue descartado por Leonidas Iza, presidente de la Conaie, quien calificó como “irresponsables” a
autoridades gubernamentales al decir que el paro tiene nexos con el narcotráfico.
Navarrete considera que esta es una estigmatización contraria al espíritu de las movilizaciones en curso, que surgen de reclamos legítimos de derechos humanos colectivos. Ese “señalamiento” de los manifestantes como vándalos, dijo, tampoco cabe.
Con un escenario en el que los intentos de diálogo no prosperaron, el presidente Guillermo Lasso derogó el Decreto 455 que había establecido el estado de excepción en tres provincias y emitió uno nuevo, el 459, donde se dispuso la medida en seis provincias: Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua.
Diego Zavala, docente de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), cree que a estas alturas en algunas manifestaciones se han configurado ya ciertas infracciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Zavala mencionó, además, la figura de incitación a discordia entre ciudadanos (art. 348), para la cual hay pena de uno a tres años de prisión.
Gabriel Vanegas, abogado penalista, mencionó que, de manera general, basándose en información difundida por los medios de comunicación y redes sociales, en algunas movilizaciones en las que se ha excedido el derecho a la protesta los participantes presumiblemente estarían incurriendo en el daño a bien ajeno estipulado en el artículo 204, que se sanciona con prisión de uno a tres años. (I)