Consulta prelegislativa va a marcar el ritmo de la nueva ley de Aguas
El gobierno de Guillermo Lasso no ha revelado su propuesta y la Conaie presentaría hoy un proyecto en la Asamblea para que inicie el debate. En mayo se cumplirá un plazo de la CC.
El debate de un nuevo proyecto de ley de Recursos Hídricos o ley de Aguas se aproxima a la atmósfera legislativa, cuya aprobación dependerá del cumplimiento de una consulta prelegislativa que incorpore el pronunciamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas.
En mayo se cumple el plazo de un año que dio la Corte Constitucional (CC) para que la Presidencia de la República presente ante el Parlamento un nuevo proyecto de ley de Recursos Hídricos o ley de Aguas para su debate y aprobación.
Esto, luego que la que se aprobó en el 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, fue declarada inconstitucional por la forma el 12 de enero de 2022, en conjunto con el reglamento, porque no contó con la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en una consulta prelegislativa.
No obstante, la CC dejó vigentes esas normas hasta que el Legislativo y Ejecutivo elaboren una nueva, pero con una “consulta prelegislativa adecuada en la que participen los pueblos indígenas desde las primeras etapas”, cita el fallo.
La Corte concluyó que la “opinión de las comunidades indígenas no es únicamente relevante al momento en que estas participan en la consulta prelegislativa, sino que su criterio debe ser tomado en consideración en todas las etapas, incluida su preparación”.
Esto, por el reclamo del accionante de la demanda de inconstitucionalidad, Jorge Herrera, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien señaló que en la elaboración de la primera ley, dicha consulta se hizo de manera rápida y las audiencias públicas se efectuaron en las capitales provinciales, lo que “tuvo repercusiones, pues participaban las personas que vivían en los cascos urbanos”.
En estadísticas, se verificó que se convocó a 1.494 asociaciones de primer grado, 64 de segundo grado y 12 organizaciones nacionales; de 6.000 comunidades, se inscribieron 1.500, de las que solo 930 lograron responder a la consulta en el plazo de 20 días y sin respetar los procedimientos comunitarios.
Es por ello que para este nuevo proyecto la participación de las comunidades indígenas será obligatoria y cumpliendo la Constitución y los criterios jurisprudenciales y estándares internacionales sobre la consulta prelegislativa.
La CC otorgó un plazo de doce meses, que se contarían desde la publicación de su sentencia en el Registro Oficial (RO), para que el presidente de la República presente el articulado en la Legislatura.
El fallo se publicó en la Edición Constitucional 34 del 6 de mayo de 2022 del RO, por lo que restaría alrededor de un mes para que el plazo concluya.
Hasta el momento, el gobierno de Guillermo Lasso no ha revelado su propuesta.
Este Diario solicitó información al Ministerio del Ambiente, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
A esa cartera de Estado se le encargó la elaboración del cuerpo legal y el 3 de mayo de 2022 anunció una jornada denominada ‘Encuentro por el agua’, que cubriría “todo el territorio nacional” recabando propuestas, se informó.
El jefe de Estado había dispuesto que se cumplan tres etapas en su elaboración: preparación, construcción participativa y el proyecto de ley.
Se ofreció que habría una “amplia participación de organizaciones sociales, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades (...)”. Incluso, se anunció un recorrido que empezaría en Chimborazo el 3 de mayo y terminaría en Galápagos
el 8 de junio de 2022, para elaborar la denominada ley Orgánica para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
La aprobación de este cuerpo legal es un mandato de la Constitución del 2008, que dio a la Asamblea un plazo de un año, pero tardó seis.
En el 2014, en la presidencia de Correa, con mayoría oficialista en el Legislativo, se aprobó la norma, aunque con la resistencia de la Conaie que realizó jornadas de protesta.
En la actualidad, es el movimiento de Correa el que se adelantó a otras fuerzas políticas y propuso un texto en diciembre del 2022.
Sus proponentes son Ricardo Ulcuango, Lenin Mera, José Vallejo, María Álava y José Agualsaca (todos de UNES) y el proyecto se encuentra en primer debate en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea.
Ellos evocaron el fallo de la Corte y reconocieron la “necesidad de la población de ser escuchados”, por lo que habrían acogido sugerencias. Pero no mencionan quiénes fueron esos actores y cuáles son las propuestas incorporadas.
La iniciativa tiene 214 artículos y varias disposiciones, en la que contemplan crear un Fondo del Agua, una Agencia de Regulación y Control, un Consejo Intercultural y Plurinacional y la Autoridad Única.
La bancada correísta se anticipó a plantear su proyecto, pues en un auto de aclaración y ampliación a la sentencia que solicitó el actual presidente de la Conaie, Leonidas Iza, los jueces aclararon que si bien asignaron esta tarea al Ejecutivo, ello no significa que “otros actores con iniciativa normativa se encuentren excluidos de poder presentar sus proyectos”.
Es así como la Conaie también tiene lista una propuesta de ley de Aguas que la entregaría hoy en el marco de una ‘multitudinaria movilización’ que se dirigirá al Palacio Legislativo, para lo que están convocadas las organizaciones de base de las tres regiones.
Su contenido se desconoce, pero la vicepresidenta de la Conaie, Zenaida Yasacama, relató que han trabajado a lo largo de un año escribiéndola con la asesoría de los legisladores de Pachakutik (PK) y los enunciados de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, juntas de agua y de riego.
Según Yasacama, su proyecto propende a una “correcta redistribución del recurso” y aspira a que los asambleístas dejen de lado las “banderas políticas” y trabajen en beneficio de la población.
“Los asambleístas deben buscar el camino más eficaz para construir un proyecto que dé soluciones, que beneficie a los sectores afectados por la falta de agua. Ellos tienen esta oportunidad para demostrar que esta ley se apruebe sin banderas políticas”, indicó.
En declaraciones públicas, Iza aseguró que defenderán su propuesta en la Asamblea, en la que plantean el derecho al uso del agua e impiden su privatización. A su criterio, se debe privilegiar la gestión pública y comunitaria; las áreas de protección hídrica “no pueden ser topadas” y menos con explotación minera; y los procesos de recuperación de ecosistemas deben estar a cargo de los sectores industrializados.
Conaie anunció que hoy entregaría proyecto luego de realizar una marcha.
Aprobación de este cuerpo legal es un mandato de la Constitución del 2008.