CASO 1: ‘HABEAS DATA’ BANCO DEL PACÍFICO
Como un hecho previo de vital importancia y para entender este caso, Diana Salazar recordó que en 1989 y 1999 el Banco del Pacífico otorgó préstamos a los cónyuges Mónica A. y Pablo M., quien aún no era asambleísta. La falta de cancelación de estos valores provocó que la entidad financiera inicie y ejecute los procesos de cobro.
No obstante, el 13 de julio de 2020, los referidos cónyuges interponen una acción de habeas data en contra del Banco del Pacífico, pretendiendo justificar su presunto pago de las referidas deudas con la utilización de notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas, a decir de la Fiscalía. Esto con la intención de que el banco reconozca la cancelación de la deuda y que pague a Mónica A. y a Pablo M. valores por daños causados, que ascendían a la cantidad de $ 3 983.040,00.
“Para hacerles más fácil: le otorgan un crédito a la cónyuge de Pablo M. y a él por $ 383.000. No pagan la deuda, les cobran, pero hacen registrar unas notas mediante el abuso de un habeas data y resulta que quien debía recibir el pago termina siendo el deudor y es obligado a pagar $ 3 983.040 , explicó la fiscal general durante la audiencia de formulación de cargos contra doce procesados realizada entre la noche del lunes pasado y la mañana de ayer.
Pese a la evidente ilegalidad del proceso de habeas data, indicó Salazar, el juez de la Unidad Penal Norte II de Guayaquil, Reynaldo C., uno de los doce investigados en el caso Purga, el 5 de noviembre de 2020 acoge la pretensión de los demandantes y dispone al Banco del Pacífico registrar los documentos de pago falsos en sus asientos contables, así como el resarcimiento económico a los presuntos afectados. Como recompensa por dicha decisión, refirió la Fiscalía, Reinaldo C., solamente cuatro días después de haber emitido la última resolución de ejecutoría en esa sentencia, en el 2023, fue designado juez provincial del Guayas. Esto se dio pese a que no cumplía los requisitos para dicho cargo, no solo por haber sido destituido de su función como juez, sino también por mantener varios sumarios administrativos abiertos.
Como era obvio, el Banco del Pacífico presentó su respectiva apelación, cuyo conocimiento recayó en otros de los integrantes de esta estructura: Johann M., Guillermo V. y Víctor V., quienes ratificaron la sentencia de su inferior. El banco, viéndose perdido ante las ilegalidades en este proceso de habeas data, decide interponer un juicio de falsedad de instrumento privado respecto de las notas de crédito irregulares presentadas por Mónica A. y Pablo M.
Esta demanda recae en conocimiento de la jueza civil Silvia O., quien decide declararla sin lugar. No obstante, el Banco del Pacífico apela esta resolución, siendo el Tribunal conformado por Alfonso O., Nelson P. y Alberto L. -los dos últimos procesados en el caso Purgaquienes deciden rechazar el recurso presentado y ratificar la decisión de la jueza de primer nivel por medio de voto de mayoría de los últimos dos jueces.
El juez Alfonso O. no quiso formar parte de esta estructura.
“El líder del grupo criminal y su cónyuge, por medio de tráfico de influencias, de cohechos y prevaricatos, obtuvieron un beneficio económico de alrededor de $ 4 millones manipulando, jugando a su antojo con la justicia...”, concluyó Salazar.