CASO 3: ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

De acuerdo con el relato de la fiscal Diana Salazar, el 2022 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército presentó acción de protección con medida cautelar en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito. Se trataba de una empresa metropolitana del cantón Quito, pero presentan la acción de protección en Guayas, donde se encontraban en juego $ 30 millones provenientes de un contrato de repavimentación entre estas dos entidades públicas.

En primera instancia, la jueza Larisa I., de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, declaró sin lugar la referida acción constitucional, provocando que sea apelada por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Es aquí en donde los jueces provinciales Fabiola G., Guillermo V. y Henry T. llegan a conocer este proceso y revocan la sentencia de primera instancia, aceptando esta acción de protección. Esta decisión se habría emitido a cambio de una dádiva, de un beneficio material.

Según la Fiscalía, lo que solicitó Fabiola G. a cambio de este fallo es la remodelación del piso del salón de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas.

“Por orden de Fabiola G., la relacionista pública contratada y pagada por Pablo M., Mayra S., fue la encargada incluso de seleccionar el piso a usarse en la remodelación, el que esté más actual, el que más le guste a la señora Fabiola G. y cuya compra e instalación fue pagada precisamente por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, refirió la fiscal general en su relato.

Lo dicho, asegura Fiscalía, se puede comprobar con fotos de los materiales para obra, así como la transferencia realizada por la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros, Ruth S., también procesada. La transferencia habría sido de $ 1.400 destinados al pago de la mano de obra.