Facilitar investigación para extinguir dominio de los bienes ilícitos
Presidente Daniel Noboa propone en su plebiscito, en la pregunta con la letra K, simplificar el procedimiento de la investigación patrimonial. La Asamblea la redujo a seis meses.
Las preguntas de la consulta popular y referéndum que estarán en la papeleta y que recibirán los electores el 21 de abril estarán identificadas por letras y no números, como ha sido habitual. Una de ellas estará en el casillero K y se refiere a la extinción de dominio.
La jornada eleccionaria de plebiscito y referéndum de iniciativa gubernamental apuntan a dos ámbitos: reformas legales para endurecer el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otorgar ciertas atribuciones a las Fuerzas Armadas para que respalden la labor de la Policía Nacional. Y, en lo económico, para promover el trabajo por horas y reconocer el arbitraje internacional. Las preguntas estarán enlistadas desde la A hasta la K, siendo esta última la que trata sobre la extinción de dominio de bienes considerados de origen ilícito.
El presidente Daniel Noboa propone “simplificar” los procesos judiciales y asegura “que no ha sido debidamente activada evitando al Estado ecuatoriano recuperar activos que permanecen en las arcas de delincuentes para privarlos de los recursos que les permitirá continuar con el financiamiento de sus actividades criminales”.
Según información del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, sobre el 70 % de causas por delincuencia organizada no se emiten medidas cautelares o se retienen cuentas bancarias y en apenas “1 de cada 10 casos” se hace el comiso de bienes producto de los ilícitos, lo que genera una impunidad económica efectiva del 93 % en las causas.
El régimen refiere también que entre el 2015 y 2020 en el país hubo tres sentencias condenatorias por año respecto del delito de lavado de activos; y entre el 2020 y 2022, una. En esa línea, la pregunta K plantea: ¿Está de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?
Se desconoce cuáles serán los términos sobre los que se hará cambios legales para simplificar el procedimiento. Si la consulta del casillero K obtiene respaldo popular, la Presidencia de la República enviará un proyecto de ley a la Asamblea para cumplir con lo ofrecido.
Sin embargo, el 9 de febrero de 2024 se publicó en el Registro Oficial la Ley para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, que fue debatida y aprobada en la Asamblea Nacional como parte de un proyecto económico urgente que envió el mismo presidente Noboa, el 15 de enero de 2024.
El articulado tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes de origen ilícito e injustificado o de destino ilícito que se transferirán a favor del Estado. Se la conceptualiza como la “consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes (…) por sentencia de autoridad judicial competente, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna para el afectado”.
La pregunta de plebiscito de Noboa propone esencialmente simplificar el procedimiento de extinción de dominio. Aunque eso fue tratado por la actual Legislatura, que en las reformas legales incluyó que la investigación patrimonial se realizará dentro de un plazo de seis meses. En el caso de que esos bienes se encuentren fuera del país o se dificulte la obtención de la prueba, la Fiscalía podrá solicitar una prórroga no mayor de seis meses. De persistir la imposibilidad para obtener información de prueba, se podrá solicitar nueva prórroga por otros 6 meses.
La penalista Mishelle Sarmiento advierte que estos cambios legales si no van de la mano de recursos para la Fiscalía para que pueda crear unidades especializadas en extinción de dominio, “el sistema podría colapsar y, al reducir los tiempos de investigación, estas podrían no ser prolijas y cuando lleguen a la sede judicial pueden (las investigaciones) no estar bien fundamentadas y el proceso legal, caer”.
Para el exfiscal del Guayas y exjuez de la Corte Constitucional Antonio Gagliardo, “los procedimientos deben ser simplificados, pero evitando abusos. Es un asunto delicado inmiscuirse en el patrimonio de las personas, por lo que debe atacarse a aquellos bienes sobre los que se demuestre que son producto de actividades ilícitas (...)”.
El domingo 21 de abril se desarrollará la jornada de plebiscito y referéndum.
Las preguntas en papeleta estarán enlistadas desde la letra A hasta la letra K.