‘Meter mano en la justicia’
Esta fue la propuesta del presidente Rafael Correa con la que empezó la debacle del sistema judicial ecuatoriano, propuesta que la sometió a consulta popular para que el pueblo le diera los plenos poderes para hacerlo, como en efecto lo hizo.
La anterior Corte Suprema era muy respetable, apolítica, con juristas como José Vicente Troya, conocedor del sistema judicial; Hernán Salgado, maestro del derecho constitucional; Fernando Casares, profundo penalista, y así, todos.
Al ver este telenovelón nauseabundo que se nos presenta diariamente, por capítulos, con los entretelones de cómo se ha manejado la justicia desde los altos mandos, desde sus operadores inmediatos, en entendimiento con la mafia que maneja los hilos desde las cárceles, creo que, para deshacer lo que estamos presenciando, hay que recurrir al mismo método: una consulta popular para reorganizar la totalidad de la Función Judicial. Un mal estructural tan extraordinario no se puede solucionar con medidas ordinarias.
Se aprecia lo que está tratando de hacer el Consejo de la Judicatura interino, integrado por suplentes, pero su presidente interino ha reconocido lo difícil de la tarea al manifestar que los actuales jueces están “blindados”.
Con la autorización del pueblo se constituiría una Comisión de Juristas, independiente de los actuales poderes estatales, partidos políticos, para seleccionar y designar a los futuros jueces, con base en méritos de conocimiento y honradez acrisolada. Podría pensarse en una Comisión de Juristas de Naciones Unidas para supervisar el proceso, lo que constituiría un reconocimiento internacional. En el concurso de méritos podrían participar los actuales jueces no involucrados en los escándalos; hay gente proba, preparada. La Comisión seleccionadora estaría integrada por miembros de la academia, de las facultades de Derecho, de los Colegios de Abogados.
La lucha contra el crimen organizado realizada por las Fuerzas Armadas y la Policía, que ha devuelto tranquilidad a la ciudadanía, se vería en gran parte frustrada si no hay una reorganización de la Función Judicial que designe jueces probos que no liberen a los delincuentes con acciones de protección amañadas.
Los casos Metástasis y Purga presentados valiente, temerariamente, por la fiscal general, abren la oportunidad para la reorganización de la Función Judicial, donde se ventilan no solamente los casos que interesan al Estado, sino los que conciernen, más importante todavía, a la vida diaria.
Si en el gobierno de Correa se metió “mano a la justicia” para consolidar su dominio total del Estado; en el que designó al presidente del Consejo de la Judicatura para seleccionar a jueces que se sometan a sus instrucciones, el actual presidente Daniel Noboa tiene la oportunidad de romper esas cadenas que oprimen y degradan al Poder Judicial e iniciar una nueva era. El presidente y la fiscal general, Diana Salazar, gozan de aceptación general y no deben desperdiciar la oportunidad. El presidente puede pedirle al pueblo, en consulta, los poderes necesarios. Si no lo hace, su Gobierno será intrascendente.