Los sueldos dorados

Ivonne Núñez, actual ministra del Trabajo del Gobierno de Daniel Noboa, en cumplimiento de sus altas responsabilidades con el pueblo ecuatoriano, ha dado a conocer de los “sueldos dorados” de funcionarios públicos de empresas estatales, superiores del sueldo que recibe mensualmente el presidente de la República, con mayores responsabilidades.

Y no son solo los gerentes generales, sino los directores de tesorería, los directores nacionales y regionales, los asesores de los gerentes y los asesores de los asesores. Es decir, como dice el presidente de Argentina Javier Milei una “casta privilegiada”, que puede sentirse satisfecha de sus excepcionales conocimientos y el de poder negociar en varios idiomas, no solo español y kichwa.

Como bien dice la secretaria de Estado, o desconocen el decreto o no les gusta cumplir la norma, ellos –los de los “sueldos dorados”– son funcionarios que habría que conocer si son funcionarios de carrera o son escogidos por compadrazgos políticos.

De otro lado, los privilegiados líderes asesorados con profesionales del área jurídica presionan a las autoridades gubernamentales a firmar contratos colectivos millonarios, con emolumentos que no se justifican y jugosas liquidaciones después de sus “sacrificados” años de trabajo; además de que luego de su jubilación, los cargos son llenados con sus descendientes familiares.

Si el país, por ventura de la naturaleza y del ser supremo, cuenta con reservas petroleras, gasíferas o mineras, sus recursos no pueden ser distribuidos solamente entre quienes fungen de funcionarios de alto nivel y de sus cercanos asesores, porque el Estado ecuatoriano no puede ni debe caer cada cierto tiempo en endeudamientos con créditos internacionales para pagar las altas remuneraciones de los funcionarios de diversos organismos, o imponer nuevos impuestos a las empresas y peor sobre la espalda del pueblo que recibe reducidos salarios mensuales.

Ojalá que el Gobierno del novel presidente proceda cuanto antes a un estudio más profundo de los salarios públicos, y que la Contraloría General del Estado que está actuando por reacción y no por acción, pueda acompañar en este estudio, para que la tabla de salarios en la burocracia sea justa y equitativa, y que desaparezcan aquellas entidades donde existen funcionarios y empleados que son improductivas y deficitarias, o no colaboran a ser eficientes en el servicio a la colectividad ecuatoriana. (O) Francisco Medina Manrique, periodista, Guayaquil