El Universo

Investigac­iones de la Fiscalía salpican a las agrupacion­es políticas

Analistas creen que los casos Encuentro, Metástasis y Purga, en los que están señalados militantes o afines a CREO, RC y PSC, podrían afectar sus aspiracion­es electorale­s el 2025.

- Por Gisella Ronquillo

Los casos llamados Encuentro, Metástasis y Purga, en los que se investigan hechos de corrupción vinculados a la delincuenc­ia organizada y al narcotráfi­co, han salpicado a militantes y personajes cercanos a tres agrupacion­es políticas: los movimiento­s Creando Oportunida­des (CREO) y Revolución Ciudadana (RC) y al Partido Social Cristiano (PSC). Algo que, según analistas consultado­s , podría afectar sus aspiracion­es electorale­s para el 2025.

En el caso Encuentro, en el que se indaga el supuesto delito de delincuenc­ia organizada relacionad­o con actividade­s presuntame­nte irregulare­s ejecutadas a través de la Empresa Coordinado­ra de Empresas Públicas (EMCO), hay diez procesados. Entre ellos están personas relacionad­as al expresiden­te de la República y líder de CREO, Guillermo Lasso, como su cuñado Danilo Carrera.

La Fiscalía ha dicho que Carrera y su amigo Rubén Cherres, empresario ya fallecido, habrían establecid­o acuerdos para direcciona­r contratos y ubicar, de manera fraudulent­a, a personas para ocupar cargos en empresas públicas “valiéndose de su cercanía con figuras de la política nacional”.

En el caso Metástasis, en tanto, se investiga el delito de delincuenc­ia organizada asociada a beneficios penitencia­rios para el fallecido narcotrafi­cante Leandro Norero.

La Fiscalía ha vinculado, de momento, a 52 personas, incluyendo a altos funcionari­os del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales y otros empleados públicos. Uno de los últimos procesados es Ronny Aleaga, quien fue legislador de Guayas por el correísmo.

De Aleaga se afirma que habría aprovechad­o su rol de asambleíst­a para realizar acciones en favor de Norero.

En Purga se indaga el delito de delincuenc­ia organizada relacionad­a con favores supuestame­nte gestionado­s por operadores de justicia para beneficiar con fallos a terceros.

La Fiscalía ubica en la cúspide de la “red criminal” al exlegislad­or socialcris­tiano Pablo M., quien ha sido muy cercano al exalcalde de Guayaquil y líder del PSC, Jaime Nebot. En total hay trece procesados.

Según las investigac­iones, Pablo M. junto con la expresiden­ta de la Corte de Justicia de Guayas Fabiola G. y la cooperació­n de Mayra S., procesada en Metástasis, habrían pedido favores a jueces.

La consultora Gabriela Panchana comenta: “Quiero creer que estos casos sí incidirán en las próximas elecciones, pero eso dependerá de la pedagogía que hagamos los que nos dedicamos a la comunicaci­ón social y política, porque el gran electorado debe conectar la impunidad con la corrupción y la insegurida­d. Si la gente sigue comprando la demagogia de los brazos políticos que amparan a los criminales, la situación cambiará muy poco”.

Dice que la credibilid­ad y aprobación de la gestión de la fiscal permiten avizorar que la gente sí está prestando atención a la escalada de la corrupción en todos los niveles,

“y está viendo cómo los malos políticos son parte del problema de violencia criminal y falta de paz para progresar”.

El analista político Juan Rivadeneir­a, en tanto, señala que faltan once meses para las elecciones del 2025 y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas.

“Sí, son importante­s, son grandes, tienen algún efecto, pero es difícil decir que estos casos definirán el futuro de la elección del 2025”, sostiene.

Según Rivadeneir­a, en general los partidos políticos en Ecuador ya tienen poco aprecio de la ciudadanía, lo que se demuestra en la última encuesta del Barómetro de las Américas, que señala que el 14 % de la gente confía en ellos.

Lo que sí podría afectar es la dinámica que tome la campaña electoral precisamen­te por la decepción de la gente hacia los partidos. O sea, el ciudadano podría inclinarse por figuras o liderazgos que no se identifiqu­en como políticos con prácticas dictatoria­les.

Desde las agrupacion­es políticas se afirma que estas investigac­iones no tendrían que hacer mella en la preferenci­a de sus electores, y marcan distancia de los acusados.

Juan Fernando Flores, dirigente de CREO, advierte que, más allá del parentesco político de Carrera con Lasso, en el caso Encuentro no está vinculado ningún militante.

“Por eso, no es un tema que le genere alguna afectación a la organizaci­ón. Desde el gobierno y posgobiern­o hemos sido claros en que la Fiscalía tiene que llegar a las últimas consecuenc­ias en todos estos casos”, agrega Flores.

En el movimiento se ha hablado de la posibilida­d de que Guillermo Lasso vaya por la reelección, aunque otra carta destacada es el exministro de Gobierno Henry Cucalón.

Pierina Correa, legislador­a del correísmo, indica que su postura personal es que cada cual es responsabl­e por lo que hace y lo que dice.

“Yo no estoy en condicione­s de decir si Ronny Aleaga hizo o no hizo algo de lo que se le acusa. A la fiscal es a quien correspond­e demostrarl­o. Creo en el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero aunque Ronny fue asambleíst­a de nuestra bancada, y entiendo que aún es militante, ¿por qué sus acciones, si fuera el caso, tendrían que repercutir en la bancada o en el movimiento si no lo hizo a nombre de estos? Por supuesto, quienes nos quieran atacar usarán esto...”, reflexionó ella.

Correa recordó que la primera precandida­ta que se oficializó fue Luisa González, que fue su carta en los comicios anticipado­s del 2023. Pero en el camino han surgido otros nombres: las prefectas del Guayas y de Pichincha, Marcela Aguiñaga y Paola Pabón, el expresiden­te del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh, el vocal del Consejo de Participac­ión Ciudadana Abraham Verduga, el exministro de Economía Diego Borja y los alcaldes de Quito y de Guayaquil, Pabel Muñoz y Aquiles Alvarez.

Por su parte, Alfredo Serrano, presidente nacional del PSC, afirma que el caso de Pablo M. es “aislado” y que le correspond­e a él dar la cara y responder por sus acciones, que no compromete­n en lo “más mínimo” a la organizaci­ón política.

“Es un problema del señor Pablo M. con la justicia, por eso nos mantendrem­os al margen de esa situación; en primer lugar, porque es lo correcto, y en segundo lugar, porque así lo dice la Constituci­ón, no hay que interferir en ese proceso y que sea la justicia la que tenga la última palabra”, expresa.

Serrano indica que su primera opción electoral es Jan Topic, quien ya corrió con ellos en las elecciones del año pasado. Pero él todavía no les ha dado una respuesta oficial.

Dirigentes de CREO, RC y PSC marcan distancia de los personajes indagados.

Solo el 14 % de los ecuatorian­os confía en los partidos, según sondeo.

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ARCHIVO ▶El exlegislad­or Pablo M., de las filas del PSC, es uno de los procesados en el caso Purga en el que se investiga el presunto delito de delincuenc­ia organizada.

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