Exagentes de ATM buscan su reincorporación con acciones de protección
Según abogados, han reingresado a más de 40 funcionarios que habían sido destituidos por diversas causas.
Renato M., Ezequiel M., Darío F. y Juan L. son parte de un grupo de 15 exvigilantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) que buscan regresar a la institución mediante una acción de protección grupal.
Cuentan que salieron de dicha entidad por despido intempestivo, entre junio y agosto del 2017, cuando regía la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), norma en la que, según sus abogados, Luis Ulloa y David Cabrera, no se podía usar esa figura para desvincularlos.
Los juristas guayaquileños asesoran a los exagentes. En los últimos años han reincorporado a unos 40 funcionarios a la ATM, pero muchas acciones de protección las perdieron en segunda instancia, dicen.
Por eso hacen referencia al chat entre Mayra S., la comunicadora de la Corte de Justicia del Guayas, y Faddul Mosquera, abogado de la ATM. En la conversación que se publicó hace dos semanas, en el marco del caso Purga, ambos funcionarios conversaban en noviembre del 2023 sobre las acciones de protección y el deseo de que se suba a sala un fallo para poder apelar y “voltear eso”.
“Lo que ha destapado el caso Purga no nos interesa, pero con el chat viralizado se demuestra que la justicia ha estado parcializada”, dice Luis Ulloa.
Faddul Mosquera, abogado de la ATM, dice que la conversación de noviembre de 2023 con Mayra S. no conlleva ninguna ilegalidad.
Explica que en una reunión en la Corte de Justicia del Guayas, el 17 de octubre de ese año, se le mencionó a la entonces presidenta, Fabiola G., que había casos de acciones de protección presentadas por exfuncionarios de la ATM, que mediante fallos judiciales estarían obteniendo no solo la reincorporación a la institución, sino también indemnizaciones de entre $ 50.000 y 80.000.
Esto cuando, según Mosquera, la vía correcta para solucionar un despido que se considera ilegal debería ser ante un juez de lo laboral.
David Cabrera, uno de los abogados de los 15 exvigilantes que aspiran a ser reincorporados, indica que horas antes del asesinato del exagente de la ATM Byron Sisalema, ocurrido el martes pasado en el cantón Durán, este los había llamado por teléfono para pedirles que intentaran otra acción de protección, porque quería regresar a trabajar a Guayaquil.
Lo había intentado en 2021 y ganó en primera instancia, pero tras la apelación perdió. Sisalema salió de la ATM luego que le abrieran un sumario administrativo en 2019.
Los abogados de los accionantes refieren que desde diciembre del 2017 rige el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), la misma norma bajo la que se manejan los policías, militares y bomberos. En esta tampoco se incluiría el despido intempestivo para la desvinculación de agentes.
También señalan que tras un despido masivo de agentes en administraciones anteriores, entraron a la ATM por contrato los fedatarios, una especie de inspectores o supervisores, que no tendrían la potestad de realizar control de tránsito o emitir multas.
Pero según los abogados de los accionantes, la ATM habría mandado a los fedatarios a controlar el tránsito y emitir multas. “Les dieron uniformes y tenemos pruebas de eso”, dice Cabrera, quien añade que la ATM no debería tener la potestad de desvincular a los agentes, sino que solo debería hacerlo el Municipio de Guayaquil, porque, según su análisis, la empresa pública pertenece al cabildo.
Ganar una acción de protección implica la reintegración del empleado a su puesto y el pago del dinero que no ha percibido en los años que estuvo fuera de la institución. En el caso de los vigilantes despedidos en 2017, sería el pago de más de $ 70.000 a cada uno.
Pero Faddul Mosquera sostiene que han tenido casos de vigilantes que han sido separados de la institución por recibir coimas y a quienes se les abrió un sumario administrativo para su separación.
Insiste en que años después, estos funcionarios consiguen ser reintegrados por un fallo judicial, pese a evidencias como videos captados por las bodycam de los uniformados.
La acción de protección hace que la persona reciba los sueldos no cobrados.