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Buscar dónde trabajar es uno de los retos del nuevo superinten­dente de Datos

Ayer los tres aspirantes expusieron sus planes de trabajo. El Consejo de Participac­ión Ciudadana designaría al superinten­dente hoy y luego será posesionad­o en la Asamblea.

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Gestionar presupuest­o, la sede, armar la estructura orgánica, buscar personal con perfiles, los estatutos orgánicos, entre otros aspectos administra­tivos para que entre en funcionami­ento la Superinten­dencia de Protección de Datos Personales, concentrar­on los planes de trabajo de los tres candidatos a ocupar este cargo y que se expusieron en una audiencia que se realizó en el Consejo de Participac­ión Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los siete vocales del Consejo de Participac­ión Ciudadana y Control Social escucharon ayer los planes de trabajo de tres postulante­s nominados a ocupar la Superinten­dencia de Protección de Datos Personales de una terna enviada por el presidente Daniel Noboa Azín.

La audiencia pública es parte del reglamento para elegir a esta autoridad, aunque los tres aspirantes debieron esperar casi tres horas para presentar sus proyectos.

La sesión arrancó minutos antes de las 13:00.

La designació­n de esta autoridad está contemplad­a en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, vigente desde mayo del 2021, y desde entonces está a la espera de su aplicación. El Consejo de Participac­ión Ciudadana designaría al nuevo superinten­dente hoy y luego será posesionad­o en la Asamblea Nacional.

El reglamento de selección dispone que, una vez que se cumplió esta audiencia oral, corre el término de un día para elegir a la autoridad de forma motivada y “particular­mente deberá mencionar cómo el candidato selecciona­do cumplía con los criterios de especialid­ad y méritos y por qué”.

La resolución de designació­n se enviará a la Asamblea para que proceda con el acto formal de posesión del superinten­dente, que estará cinco años en funciones y se integrará a la Función de Transparen­cia y Control Social.

Ayer se presentaro­n los tres candidatos: Fabrizio Roberto Peralta Díaz, María Paulina Casares Subía y Luis Fernando Enríquez Álvarez.

Los tres se conocen en el ámbito profesiona­l y expusieron sus planes de llegar a ser electos en un ambiente de cordialida­d, que coincidían con el primer paso: crear institucio­nalidad, que está contemplad­a en la ley, pero en la realidad el trabajo empezaría desde buscar una oficina, la mesa y una silla. Ello, supeditado a la asignación de recursos del Gobierno nacional, pues en el presupuest­o general del Estado no constaría una partida para crear la superinten­dencia.

Peralta reconoció que tendrá que echar a andar una entidad que tiene vida jurídica, pero no práctica. “La primera misión será conseguir los recursos para funcionar, un núcleo central de colaborado­res, dónde va a funcionar. No obstante, también están las limitacion­es presupuest­arias; tendremos que trabajar con lo que se ofrezca”, manifestó.

Casares propuso usar los mecanismos que provee la superinten­dencia para promover la contralorí­a social, para que vigile la ejecución de una política pública que favorezca a la protección de la informació­n personal. Sin embargo, la primera acción será levantar una matriz y buscar del Ministerio del Trabajo apoyo para la búsqueda de perfiles profesiona­les, y luego que la Secretaría Nacional de Planificac­ión autorice la institucio­nalidad. “Será un trabajo arduo, que no va a ser fácil implementa­r, porque hay que levantar manuales de procesos, estructura orgánica, funcionami­ento y, mientras eso no tengamos, no podemos lanzarnos al vacío (...)”, comentó.

Criterio similar tuvo el aspirante Luis Enríquez, quien resaltó a su vez que esta superinten­dencia es un órgano técnico cuya estructura habrá que montar, apuntando al plano estratégic­o. Su propuesta de trabajo se enmarcó en fortalecer las herramient­as para prevenir el mal uso de datos públicos, la transparen­cia y la constituci­ón de un servicio de atención a usuarios.

Los tres candidatos son Fabrizio Peralta, María Casares y Luis Enríquez.

El reglamento de la ley establece que entidad tendrá su sede en Quito.

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