«QUE INCREMENTEN EN DIEZ AÑOS LAS PENAS NO VA A PERSUADIR A NINGÚN INTEGRANTE DE UNA BANDA DEL CRIMEN»
Bastias, abogado y vocero del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), señala que el Ecuador vive una grave crisis de inseguridad, que se expresa no solo en el aumento acelerado de las muertes violentas, sino también en la falta de capacidad del Estado para garantizar el control de las cárceles y los espacios urbanos, y la ejecución de una política social. Bastias siente que el presidente Daniel Noboa, con la consulta, promueve un discurso de guerra a la población y juega con su miedo.
¿Qué objeta de esta pregunta?
A esta pregunta se la está exponiendo como una solución a los problemas de seguridad, y frente a eso hay que hacer algunas reflexiones. Lo primero es que la finalidad del sistema penitenciario en Ecuador es la rehabilitación de la persona. Es decir, que le tiene que interesar mucho más al Estado lo que haga en el cumplimiento de la pena que el número de años. Y es que desde la mirada de la criminología penal, de los derechos humanos, el incremento de la pena no genera ninguna influencia para prevenir el cometimiento de delitos. Una crisis de seguridad necesita medidas concretas. Una mano dura, sí, pero desde un enfoque técnico. Entonces no solamente porque en algún momento alguien dijo que incrementar las penas a determinados delitos va a prevenirlos va a colocarse eso en una consulta popular que nos cuesta $ 60 millones. De hecho, la Asamblea Nacional ya hizo una reforma al Código Orgánico Integral Penal en el 2013, en que se incrementaron las penas a una serie de delitos como extorsión, robo, prevaricato, terrorismo, delincuencia organizada. Y este año planeaba hacer la reforma a algunos delitos, entre ellos casi todos los que proponen la consulta popular. Sentimos que la consulta busca medir políticamente la situación del presidente.
Usted dice que no hay pruebas de que el aumento de penas haga desistir a los delincuentes de seguir cometiendo delitos. ¿Entonces qué efecto tiene?
La pena nace como una consecuencia del cometimiento del delito. Sí, para disuadir a la persona de cometerlos. Pero el que les incrementen en diez años más las penas no va a persuadir a ningún integrante de una banda del crimen organizado a evitar cometerlos, porque se mueven a través de la impunidad y la corrupción del Estado. Para confrontarlas tiene que haber otras medidas.
¿Cuáles?
Hay que reconocer que lo que se ha hecho no ha funcionado. Una investigación de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado dice que Ecuador en el 2021 ha bajado puntos en términos de resiliencia institucional y ha subido en criminalidad. ¿Qué significa la resiliencia? Es la capacidad del Estado para confrontar los problemas de crimen organizado, y la criminalidad, por supuesto, el número de delitos cometidos. Y la pregunta que nos hacemos es: cómo así ha bajado la resiliencia en los últimos años en que hemos tenido esta política de mano dura, con militarización, incremento de penas, reformas para la impunidad de militares y policías, reducción de beneficios penitenciarios. Pero las cifras nos indican que eso no ha funcionado para nada. Y de ahí hay que tomar las decisiones técnicas. Lo primero es la recuperación de la institucionalidad. Ahora hay muchas instituciones, la Secretaría de la Seguridad, el Consejo de Seguridad, y se acaba de crear el Comité de Crisis que reemplaza al ECU911. Necesitamos un solo espacio donde tomen decisiones todas la autoridades de las instituciones públicas. Lo segundo es identificar el dinero ilícito que se lava en el Ecuador. El presidente ya dijo que va a potenciar a la UAFE, pero seguimos esperando decisiones concretas. Y que haya una real rehabilitación de presos.