VOTAR EN LA CONSULTA ES UNA OBLIGACIÓN
Faltan pocos días para que los ecuatorianos vayan a las urnas a una consulta popular y referéndum que suman once preguntas. El próximo domingo 21 de abril todos los empadronados deben acudir por obligación a sus recintos electorales. Así lo dispone la Constitución, en la que el sufragio también consta como un derecho.
La campaña por el sí y por el no se siente ligera, más allá de que al menos diez agrupaciones fueron calificadas para el efecto. El Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de redes sociales difunde las preguntas y medios de comunicación –por su iniciativa– las comparten. También hay entrevistas con los actores políticos sobre sus posturas. ¿Será suficiente para que los ecuatorianos estén totalmente informados sobre lo que implica cada una de sus respuestas?
El Gobierno, como proponente, tiene que ampliar la difusión del contenido. También el CNE, como organismo rector de la democracia, está obligado a promover que los ciudadanos se informen sobre la convocatoria del domingo.
Por otro lado, a los grupos inscritos para la campaña les queda hasta el 18 de abril para hacer proselitismo. La aspiración es que las posturas que se promuevan no recurran a la demagogia sino a los argumentos y explicaciones transparentes.
Las preguntas se refieren a temas de seguridad, principalmente, y plantean reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Movilidad Humana y a la Ley de Extinción de Dominio. Hay una sobre el contrato a plazo fijo y trabajo por horas.
Son 13’654.291 los electores convocados. Como ciudadanos y por responsabilidad con su país, independientemente de las obligaciones de informar del Ejecutivo y los jueces electorales, deben buscar conocer y analizar cada una de las preguntas.
Más allá de la multa que consta en el Código de la Democracia por no votar, que equivale al 10 % de un salario básico (46 dólares en la consulta próxima), sería muy positivo que el proceso se cumpla con la responsabilidad que implica una jornada democrática.