¡El pueblo es intuitivo!
Así lo proclamaba el doctor José María Velasco Ibarra, y así se ha comprobado en la consulta popular del pasado domingo 21 de abril, contrariando a cada grupo político que se atribuye el triunfo en los resultados electorales.
El Gobierno salió bien librado en la mayor parte de las preguntas, porque obtuvo el “sí” en nueve de las once preguntas, que se referían mayoritariamente al apoyo que las Fuerzas Armadas debían dar a la Policía Nacional en el combate al delito, al crimen organizado, al aumento de penas, en estos casos a que se cumplan enteramente sin posibilidad de rebajas; a la extradición de ecuatorianos cuando fuese solicitada por esta clase de delitos por países extranjeros donde se hubiesen cometido; el pueblo angustiado, martirizado, flagelado por tanto asesinato, extorsión, asalto, dio su respaldo a la intervención de las Fuerzas Armadas; pero se negó a dar su apoyo al Gobierno para los contratos de trabajo por hora y al arbitraje internacional en asuntos comerciales del Estado, con lo que hizo patente que su apoyo se limitaba a los asuntos de seguridad.
El voto en plancha no funcionó para el Gobierno, pero mucho menos para la oposición que pedía el “todo no”. Por eso sostengo que el pueblo es intuitivo y reflexivo, y se niega a ceder lo que considera sus derechos adquiridos en el campo laboral. “Debes protegerme, porque es tu obligación, pero no me pidas nada a cambio”. Añado que a muchos trabajadores les queda la experiencia, el resentimiento de haber sido abusados por las leyes de Moreno, que permitieron el despido masivo, no siempre con fundamento, sin indemnizaciones, durante la pandemia. Pero todo esto, siendo importante, no disminuye en nada que la política de seguridad planteada por el Gobierno haya recibido un respaldo abrumador y debe implementarla, ejecutarla, pronta, decididamente, porque está en juego la supervivencia del Ecuador.
Los aumentos de penas, que generalmente no funcionan, el que no se considere la rehabilitación y la reinserción, convertiría a estas leyes en draconianas. En los proyectos de leyes que debe mandar el Ejecutivo, y aprobar la Asamblea, no se deben olvidar los principios universales del derecho penal y que constan en la Constitución. El olvidar esos principios puede traer luego impugnaciones ante los organismos de derecho humanos. El no observar esas normas implicaría condenar a los infractores a lo que el Dante escribiera en su terrible inscripción a la entrada del infierno: “Oh, los que entráis, dejad toda esperanza”.
La falta de energía, de luz eléctrica, en gran parte fue ocasionada por la incompetencia de las últimas autoridades a cargo del sector. La Asamblea Nacional establece responsabilidades políticas, que de poco sirven. Pero la Fiscalía General del Estado debe investigar si detrás de todo esto no ha habido la acción soterrada de grupos que, para proteger sus intereses, impedían nuevas acciones, contrataciones, soluciones, y usaban de sus influencias non sanctas para seguir con sus monopolios. Estos grupos son los verdaderos saboteadores y responsables de los actual.