Resultados de última consulta garantizan mejoras en seguridad
En la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, con el estado de excepción hubo un 17 % menos de muertes violentas. ¿Cómo mantener esa reducción en el país?
La disputa entre bandas delictivas es uno de los factores con los que la Policía Nacional ha asociado el incremento de muertes violentas en Ecuador, país que vivió en estado de excepción durante tres meses y en el cual se mantiene una declaratoria de conflicto armado interno, estatus que implica –entre otras cosas– la identificación de 22 bandas del crimen organizado transnacional como grupos terroristas por parte del Gobierno Nacional.
Durante el régimen de excepción, la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, tuvo una reducción de 124 asesinatos. Según cifras policiales, del 1 de enero al 23 de abril de 2023 los doce distritos de los tres cantones tuvieron 738 homicidios.
Mientras, en el mismo lapso de este año (17 días después de culminado el estado de excepción) hubo 614 crímenes. Esa diferencia significa una reducción del 17 %.
A nivel de país también hubo una reducción de los homicidios, según información proporcionada por el Ministerio del Interior. Antes de la declaratoria de conflicto armado interno mediante Decreto Ejecutivo 111 (9 de enero de 2024) hubo 173 crímenes intencionales por semana, en promedio. Mientras, después del mismo se registró una media de 100 casos. Esto considerando un periodo del 27 de noviembre de 2023 al 21 de abril pasado.
Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), señala que si bien parte de esa reducción obedece a las intervenciones conjuntas entre FF. AA. y Policía Nacional, tanto en las calles como en las cárceles del país, en ese decrecimiento también ha incidido la alianza criminal entre dos bandas consideradas terroristas, según el Decreto Ejecutivo 111: Los Choneros y Tiguerones.
Esto se evidencia, según él, no solo en el distrito Nueva Prosperina de la Zona 8 (pasó de 218 a 64 asesinatos en el lapso descrito), sino también a nivel de país, en Esmeraldas.
“Y esta alianza se da precisamente por lo costoso que estaba saliendo la disputa entre las organizaciones (...) esta alianza cambió un poco el rol de negociación o el rol que tenían Los Tiguerones dentro del tráfico de droga. Si bien tenían este proceso de control y de tráfico desde Esmeraldas hacia Guayaquil, ahora la incidencia que tienen dentro de carteles y de negociaciones con organizaciones criminales transnacionales es otro. Es decir, ahora tienen una mayor autoridad, si se quiere, mayor legitimidad también a nivel internacional”, menciona.
Contrario a la realidad de Nueva Prosperina, el distrito Durán es el territorio con mayor incremento de muertes violentas en la Zona 8, a pesar que durante el estado de excepción con declaratoria de estado de conflicto armado interno (vigente del 9 de enero a la fecha) hubo allí un sinnúmero de intervenciones de la fuerza pública.
Del 1 de enero al 23 de abril de 2023 tuvo 37 homicidios, mientras que en el mismo lapso de este año registró 162 crímenes, 125 más, cifra que equivale a un aumento del 338 %.
Por su cercanía con Guayaquil, Durán es una localidad considerada por las bandas dedicadas al tráfico de drogas como un sitio de acopio de alcaloides y por eso, en parte, allí el nivel de violencia entre las agrupaciones delictivas es alto, según especialistas.
Entre el 1 de enero y el 15 de abril de este año, en el territorio nacional, la Policía Nacional identificó también otras cinco subzonas en las que los niveles de violencia se incrementaron notablemente, estas son: Los Ríos, Orellana, Manabí,
Tungurahua y Bolívar.
Rivera destaca que independientemente de la alianza entre bandas, el estado de excepción sí dio el resultado esperado: la reducción de la violencia, pero sostiene que esta no debe ser la única herramienta para contrarrestar la inseguridad, ya que se produciría el efecto globo, es decir, que después de culminado el régimen los asesinatos vuelvan a los territorios que experimentaron una reducción o se trasladen hacia otras jurisdicciones.
Ahora, con el resultado favorable en la consulta popular y referéndum del domingo pasado, de las preguntas relacionadas con seguridad, especialistas en la materia consideran que la mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado implica procesos a medianos plazos: cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas, definir las nuevas funciones, entre otros.
Carlos Sevillano, experto en seguridad nacional y ciencias políticas, considera que la estrategia del Gobierno en consultar a la población ciertas medidas por tomar en materia de seguridad fue acertada.
Él cree que problemáticas como las muertes violentas seguirán disminuyendo siempre y cuando el Estado pueda eficazmente aprovechar el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía en el combate del crimen organizado.
“Con los resultados de la consulta se abre un nuevo capítulo en seguridad nacional, que busca abordar los desafíos de la delincuencia y la violencia de manera integral y sostenible”, refiere.
Rivera considera que para ver resultados “plausibles” dentro de la cadena de valor del crimen organizado es necesaria la asignación de recursos para fortalecer el accionar de las instituciones a cargo de la investigación e inteligencia financiera y económica.
“Fortalecer las capacidades de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) para entender todo este rol de lavado de activos que tienen las organizaciones criminales en el Ecuador. Significa cambiar la lógica de investigación que tienes dentro de una estructura criminal, no necesariamente a la persona, sino aquellas empresas que están facilitando el lavado de activos”, refiere él.
En materia operativa, Carlos Sevillano espera la implementación de una guardia nacional o guardia civil conformada por militares activos, con misión objetiva, funciones en seguridad urbana ya sea de apoyo a las autoridades locales, mantenimiento de la paz y estabilización, operaciones contra el terrorismo, combate urbano y de contrainsurgencia.
También que haya recopilación de inteligencia y vigilancia, seguridad fronteriza, respuesta a desastres, gestión de crisis y asistencia humanitaria. “Esto acompañado de objetivos específicos y con estructura legal reforzada, sin descuidar que en principio las FF. AA. deben operar según el Derecho Internacional Humanitario”, dice el especialista.
Sevillano es partidario de que haya un mayor alcance de programas sociales y educativos de prevención a la violencia y delincuencia.
Considera indispensable ejecutar nuevas estrategias de prevención y atención a la violencia juvenil.
En Durán se mantiene la disputa de territorios entre bandas del narcotráfico.
En el país se mantiene vigente la declaración de conflicto armado interno.