Retardo en la justicia

Uno de los más graves problemas que tiene nuestro país es la corrupción y el retardo en la administración de justicia, y justicia que tarda no es justicia, como dice el refrán. Pero debemos reconocer que no todos son corruptos. Hay quienes luchan contra el sistema, pero no son muchos, por desgracia. A ellos nuestra gratitud porque, incluso, arriesgan sus vidas al trabajar con honestidad.

Lamentablemente este mal endémico, que afecta a todos, tiene varias raíces, con diez mil cabezas, difíciles de erradicar, porque son como la mala hierba, que más se demora en podarlas que ellas en crecer.

Por un lado, hay una enorme cantidad de usuarios y el número de jueces, secretarios y diversos operadores no es suficiente para el conocimiento y/o despacho de los juicios. Y aquí se genera uno de los primeros motivos para que nazca la oferta y la demanda, obviamente motivada por la corrupción, que da origen a la extorsión. Generalmente, si no se paga, el juicio no comienza, porque no se hacen las citaciones correspondientes y mientras esto no ocurre no se puede trabar la litis. Puede pasar fácilmente un año. Luego, para que el proceso avance y llegue su culminación es exactamente lo mismo.

No se fijan las fechas para que se den las respectivas audiencias y entre una y otra, cuando así se lo requiere procesalmente, puede transcurrir mucho tiempo hasta que se agota la paciencia del litigante. En la mejor de las ocasiones, una vez culminada la primera instancia, los abogados, que tampoco son todos angelicales, encuentran una y otra manera, en los respectivos códigos, para retrasar o impedir la ejecución del fallo a través de la interposición de los recursos, permitidos por la ley, de apelación, aclaración, ampliación o revocatoria; y también los no permitidos como revocatoria de la revocatoria, provocando que se dilate más el proceso, se distraigan los bienes en litigio o se usufructúe ilegítimamente de ellos, o simplemente el cansancio de aquel que teniendo la razón abandona la causa o muere en el camino.

Así, pasamos de la primera a la segunda instancia, de ahí a casación, o al recurso de revisión, cuando procede, y por último recurrimos a la Corte Internacional de Justicia. Finalmente, cuando después de mucho insistir y peregrinar llega el momento de ejecutar la sentencia también es posible encontrarse con un juez corrupto a quien si no se lo “afora” debidamente no hace lo que cabe en derecho o los operadores no hacen lo que corresponde.

Lamentablemente este mal endémico, que afecta a todos, tiene varias raíces, con diez mil cabezas, difíciles de erradicar...

Todo esto puede acabar con la vida de una persona honesta que no está dispuesta a entregar un centavo para que los corruptos cumplan con su obligación.

Urge la eliminación del Consejo Nacional de la Judicatura y una revisión de los respectivos códigos, incluido el de Ética de los abogados, para poner coto a tan terrible situación. Es inadmisible lo que ocurre con la administración de justicia en el Ecuador. Para muestra, los botones de los recientes destapados casos de corrupción denominados Metástasis, Purga y Plaga, donde jueces y abogados son tan delincuentes como los acusados, padeciendo de la misma pandemia en la compraventa de impunidad, y ahora compartiendo, algunos, el mismo pabellón penitenciario.