Necesarias investigaciones de las declaraciones patrimoniales

Solo los muy inocentes incluyen en sus declaraciones patrimoniales bienes que no podrán justificar. Los que se convierten en servidores públicos con el afán de enriquecerse no dejan pistas de sus nuevas riquezas, como el excontralor Carlos Pólit, cuyo patrimonio declarado no alcanza los 200.000 dólares a pesar de que en los juzgados de los Estados Unidos se están revelando sus fortunas millonarias.

Los testaferros, con o sin relación familiar con los corruptos, son propietarios legales de sus bienes en nuestro país y en el extranjero. Empresas de fachada o fideicomisos son otros medios para dificultar la identificación de verdaderos propietarios. Lo anterior se complica más cuando los bienes son adquiridos o recibidos en otros países como creo que ocurrió con la contratación de las megaobras. Considero que debe actualizarse la normativa para investigar el incremento patrimonial injustificado.

Mientras esto sucede, debe empezarse con la identificación de los cargos con mayor perfil de riesgos por las actividades que desarrollan o por la cantidad de recursos que administran; utilizar sistemas para el análisis en línea, de manera coordinada, con las seguridades y reservas indispensables para identificar los bienes adquiridos y las inversiones realizadas por valores importantes para comparar con los impuestos pagados y los movimientos financieros, como un medio para localizar a testaferros.

Esta actividad debería ser liderada por la Contraloría y la Fiscalía con la participación del Registro de la Propiedad, la ANT, el SRI, las superintendencias, la UAFE, la Dirección de Inmigración, entre otras instituciones.

Otro medio es realizar un seguimiento personalizado de los posibles delincuentes para conocer los vehículos que conducen, los inmuebles urbanos y rurales que frecuentan, los viajes al exterior. También es indispensable generar confianza y seguridad para la presentación responsable de denuncias con información sobre los nuevos ricos. Para cumplir con este objetivo, la Contraloría debería emitir una disposición para la coordinación e intercambio de información, y externamente la Fiscalía promover la cooperación internacional de sus pares al amparo de las convenciones contra la corrupción. Todo lo anterior debe complementarse con una adecuada extinción del dominio. Si los delincuentes siguen gozando de sus fortunas, el mal de la corrupción se fortalece. (O)

Mario Andrade Trujillo, Quito