Familia de embarazada asesinada en 2020 exige captura de presunto autor
‘Militar estuvo detenido, le dieron medidas, corrió al aeropuerto y al ser capturado volvió a irse’.
Cristina Balcázar desapareció la mañana del 25 de noviembre de 2020 cuando salía de una cita médica a hacer gestiones bancarias en el centro de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Tenía ocho meses de embarazo y en la tarde sus familiares se percataron de que no le llegaban los mensajes al WhatsApp y que su celular se encontraba apagado.
Esa noche se puso la denuncia por su desaparición y un par de semanas después, el 7 de diciembre del 2020, su cuerpo apareció sin vida en un terreno baldío, en la vía a Quinindé.
Estaba atada de manos y pies y en avanzado estado de descomposición.
Casi tres años le tomó a la justicia ecuatoriana procesar al presunto culpable de su muerte, un militar en servicio activo, identificado como Cristian B. J., quien era el padre del bebé que esperaba Cristina.
Recién el 22 de junio del 2023, durante la audiencia de formulación de cargos, en Santo Domingo de los Tsáchilas, un juez le dictó prisión preventiva al militar y ordenó su inmediata captura.
“El 19 de agosto fue detenido en Quito, pero en una audiencia que se dio dos días después le dieron medidas cautelares y salió libre”, cuenta María Ortiz, la mamá de Cristina, quien hoy es parte de la Fundación Madre Coraje, que agrupa a familiares de mujeres que han sido víctimas de femicidio.
Ortiz hace unos días visitó Guayaquil y estuvo en una protesta acompañada de otras madres con casos similares.
Durante el evento contó que el supuesto femicida de su hija solo horas después de obtener medidas alternativas se dirigió al aeropuerto de Quito para tratar de salir del país pese a que en la orden judicial decía expresamente que estaba prohibido salir de territorio nacional y que debía presentarse una vez a la semana en la Fiscalía de Santo Domingo.
María cuenta que en el aeropuerto de Tababela fue detenido y que lo llevaron a la Fiscalía de Quito, donde señala que un juez nuevamente le otorgó medidas cautelares.
Desde entonces no han sabido nada del sospechoso.
Según los familiares de la víctima, Christian no quería comprometerse porque estaba por contraer matrimonio con otra mujer, pero ofreció ayudar en los gastos del niño.
María sostiene que su hija estaba muy ilusionada con su embarazo y que al inicio de la gestación ellos eran pareja.
La familia Balcázar señala que el 1 de diciembre del 2023 se dio otra audiencia en el caso. Fue la audiencia de preparación y evaluación de juicio, en la que nuevamente se ordenó la captura de Cristian
B. J., pues hasta que no sea detenido no se puede seguir con el juicio.
Los allegados a Cristina se sienten burlados por la justicia ecuatoriana porque han pasado casi cuatro años del crimen y aunque la Policía Nacional ha tenido en custodia en dos ocasiones al sospechoso, este ha logrado librarse de la cárcel por fallos judiciales que consideran indolentes.
“Estoy pidiendo ayuda al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional y a la Interpol para su captura, pero me dicen que como no es un asesino serial no lo pueden subir al sistema internacional. Quiero que lo busquen fuera del país”, reclama la madre y abuela de las víctimas.
Familiares de la víctima solicitan que la búsqueda se haga fuera del país.
Indicios de la Fiscalía
En la audiencia de formulación de cargos, en junio del 2023, la fiscal del caso presentó 108 evidencias contra el militar procesado en el caso. En esa lista constan el acta de levantamiento de cadáver, el informe de la autopsia médico-legal, la pericia de extracción de video de cámaras de seguridad, los informes de interceptaciones telefónicas y de la reconstrucción de los hechos.
También se presentaron ante el juez las pericias de los rasgos de personalidad del procesado, un mensaje de audio que la víctima envió a su madre, el perfil criminal, la pericia histopatológica, de identidad humana, la autopsia psicológica, el informe de ADN que determinó que el militar sería el padre biológico del bebé, entre otras pruebas.