Jorge Glas cumple en La Roca lo que resta de su pena unificada
El exvicepresidente fue detenido el 5 de abril pasado en la Embajada de México, en Quito, en una incursión de la fuerza pública. El tema ha provocado una ruptura diplomática.
Para el exvicepresidente Jorge Glas, su detención en la Embajada de México, en Quito, el 5 de abril pasado, y su ingreso a La Roca, de Guayaquil, un día después, han significado –en términos procesales– que empiece a correr el tiempo que le resta por cumplir de su pena unificada de ocho años de cárcel por dos delitos relacionados con actos de corrupción y que se haga efectiva la orden de prisión preventiva dispuesta para que él esté presente en el procesamiento penal en el caso Reconstrucción de Manabí.
Ambas órdenes fueron dadas por jueces competentes: la primera por la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha Soledad Manosalvas, el 30 de mayo de 2023, dentro de una audiencia de cómputo de la pena unificada de ocho años de prisión recibida por los casos Odebrecht, por asociación ilícita (seis años), y Sobornos 2012-2016, por cohecho (ocho años); y la segunda por el juez de la Corte Nacional Luis Rivera, el 5 de enero pasado, como parte de la formulación de cargos hecha por la fiscal general, Diana Salazar, por el delito de peculado.
Los 30 días que han pasado desde que se produjo la detención y el ingreso de Glas a prisión deben ser restados de los dos años, once meses y quince días que le faltaban por cumplir de la pena unificada de ocho años impuesta a inicios de 2023. Glas permaneció fuera de la cárcel desde el 28 de noviembre de 2022, día que recibió una medida cautelar autónoma de parte del exjuez de Santo Domingo de los Tsáchilas Émerson Curipallo, hoy procesado en el caso Metástasis, hasta el 5 de abril pasado cuando fue detenido en la sede de la Embajada de México.
El 12 de abril pasado, siete días después de haberse registrado la detención de Glas, los jueces de la Corte Nacional Mónica Heredia (ponente), Liz Barrera y Adrián Rojas aceptaron el recurso de habeas corpus planteado a favor de Glas por cercanos al correísmo y determinaron que fue “ilegal y arbitraria” la detención y que esta vulneró su derecho a la libertad. Pese a que de forma unánime se alcanzó esa decisión, los integrantes de la sala no dispusieron la liberación del exvicepresidente, porque aún tiene una sentencia condenatoria de ocho años por cumplir, la cual no podía ser modificada por el Tribunal.
La Procuraduría General, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia creen que no se debió aceptar el recurso constitucional porque no ha existido la violación de derechos y tampoco se ha dado una detención arbitraria o ilegal. Las tres instancias han planteado el recurso de apelación para revertir el fallo.
Por otra parte, Francisco Hidalgo, represente legal del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) que interpuso el habeas corpus a favor de Glas, pide que el Tribunal aclare y amplíe ciertos temas de su resolución. Los recursos horizontales de ampliación y aclaración serían el paso previo a plantear una apelación a la sentencia, principalmente en lo que tiene que ver con el no haber definido la salida de Glas de la cárcel de máxima seguridad La Roca.
Hace dos semanas, Sonia Vera, parte de la defensa internacional de Glas, señaló que no tenían ningún tipo de esperanza en el tema del habeas corpus y lograr la liberación del exvicepresidente. “Trataron de hacer una reparación moral, diciéndole ‘sí, mire, a usted lo detuvieron ilegalmente, su detención fue arbitraria, pero no lo dejamos libre’”, refirió Vera, resaltando que quienes están con la defensa local apelarán la decisión, aunque indicó que grupos y personas quieren presentar una denuncia por prevaricato y fraude procesal.
Según Vera, como defensa internacional de Glas presentaron información adicional insistiendo en la ampliación de las medidas cautelares ya otorgadas al exvicepresidente en el 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Estamos finiquitando los detalles para mandar una denuncia al Grupo de Detención Arbitraria, que también ya se pronunció en el 2020 en el caso de Jorge (Glas). Estamos haciendo toda una estrategia global para insistir en que este señor Daniel Noboa recule de las actuaciones que ha venido ejecutando, violentando los principios del derecho internacional”, anotó.
En medio de este trámite de garantía constitucional, el 12 de mayo próximo se completarán los 120 días de instrucción fiscal del caso Reconstrucción de Manabí. Inicialmente estaban siendo procesados, desde el 5 de enero pasado, Glas, como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.
A días de cerrarse los tres meses de instrucción fiscal, el conjuez Julio Inga dio paso a la vinculación solicitada por la Fiscalía del exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del correísmo Walter Solís; de Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y el exfuncionario de Inmobiliar Milton Daniel M.
La fiscal Salazar ha explicado que los hechos imputados en este caso a quien formó binomio con Rafael Correa y a los otros exfuncionarios de ese periodo de gobierno radican en el abuso del dinero público que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Para la Fiscalía, Glas y el resto de procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, provocando que los dineros recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana sean usados y destinados en obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades urgentes de Manabí y Esmeraldas.
Como parte de este proceso penal en el que se analiza el delito de peculado, ya en los días finales de la instrucción fiscal, por “improcedente”, el conjuez Inga rechazó la petición hecha por la defensa del líder correísta para que se revoque la providencia en la que se dio paso a que se pericien dos celulares y un iPad que le fueron incautados durante la incursión en la Embajada.
Los tres equipos electrónicos del exvicepresidente deben ser periciados y los resultados deben ingresar al expediente fiscal para la evaluación de las partes.
Hidalgo pide al Tribunal que aclare y amplíe varios temas de su resolución.
Glas permaneció fuera de la cárcel desde el 28 de noviembre de 2022.