4 ‘oportunidades’ para incidir en el CPCCS y solo una tuvo efecto
Enmiendas y reformas constitucionales se propusieron para quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con 15 años de vigencia, su atribución de elegir autoridades, sin éxito.
Cuatro iniciativas se encaminaron para eliminarlo de la estructura del Estado o quitarle atribuciones y de ellas solo una se ejecutó. Tras quince años de su existencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se mantiene y conserva su polémica atribución de designar a las más altas autoridades del Estado.
En estos años, este organismo ha juntado críticas por cómo ha llevado adelante los concursos públicos para la selección de más de 70 autoridades de control de 19 instituciones, en contextos de presiones de las fuerzas políticas y los gobiernos de turno.
El 3 de abril de 2024, un inesperado suceso puso nuevamente en discusión su desenvolvimiento. Se conformó una mayoría de cuatro con Mishelle Calvache, Juan Guarderas, Andrés Fantoni y Johanna Verdezoto, con cuyos votos removieron a Nicole Bonifaz de la presidencia del Consejo, volcándola a la minoría con Augusto Verduga y Yadira Saltos.
Ascendió Andrés Fantoni a la presidencia y Mishelle Calvache, a la vicepresidencia, quienes hasta hace pocas semanas eran la dupla, la minoría.
Estos cambios se dieron en un escenario en el que se hacen dos procesos: elegir a 2 vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que está pendiente desde noviembre del 2021, y a un titular de la Defensoría Pública, desde el 2018.
Esta nueva mayoría tiene la idea de, a esta renovación parcial, unir el proceso para seleccionar a los tres vocales electorales restantes. Es decir, reemplazar a los cinco consejeros que componen el pleno del CNE, ya que en noviembre del 2024 se cumplen los seis años en funciones que dictamina la Constitución, mientras se encamina la organización de las presidenciales del 2025.
Así también, está en curso la elección de un defensor público, que ha tardado casi dos años en concretarse que, por acciones de protección y denuncias de irregularidades, ha hecho que Ángel Torres Machuca, quien preside bajo la figura de encargo, se mantenga en funciones por más de cinco años, sin que se elija al titular.
Mientras, se acerca la elección de la primera autoridad de la Fiscalía General y la elección de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).
La nueva administración de Fantoni y Calvache ofrece agilizar la producción de los reglamentos, de más de una docena de procesos pendientes.
El CPCCS se creó en la Constitución del 2008 y se le dio doce atribuciones, entre ellas, designar a las autoridades de control por dos mecanismos: por ternas enviadas por el presidente de la República y por concursos públicos de méritos, oposición y escrutinio a cargo de comisiones ciudadanas.
Desde el 2009 hasta el 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, se cuestionaba a la institución porque quienes eran sus consejeros mantenían una afinidad y a quienes se elegía como autoridades tenían cercanía con el expresidente o fueron miembros de su gabinete de ministros.
El fin del mandato de Correa fue un coletazo para el Consejo. Con la llegada de su examigo y excoideario Lenín Moreno a Carondelet en el 2017, este tomó distancia del socialismo del siglo XXI y entre sus primeras acciones propuso una consulta popular y referéndum que se votó en el 2018.
Una de las siete preguntas fue enmendar la Constitución para reestructurar el CPCCS, conformar un pleno de siete vocales que ejerzan en un régimen de transición con atribuciones extraordinarias; y, simultáneamente, modificar la forma de elegirlos.
Con la popularidad de Moreno en ese entonces, su iniciativa se aprobó con más del 67 % de votos y se dio por terminado el periodo en funciones de siete exvocales, que lo presidía Raquel González.
Los reemplazó el pleno del CPCCS de transición con Julio César Trujillo (+) en la presidencia, y se dedicaron a evaluaron a las autoridades electas por sus antecesores; las destituyeron por incumplir sus funciones; y, designaron a sus reemplazos.
Se enmendó la Constitución, la ley de Participación Ciudadana y el Código de la Democracia y se cambió la forma de elegir a los consejeros, incorporando como prohibición que sus candidaturas provengan de partidos o movimientos políticos.
¿Por qué Lenín Moreno no propuso la eliminación del Consejo, pese al respaldo popular que lo cubría al inicio de su gestión? Un exfuncionario de esa administración contó que se sí se analizó esa opción, pero se les advirtió que ello requeriría de una asamblea constituyente porque se afectaba la estructura estatal.
Aunque sobre la iniciativa de consulta popular de Moreno no hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
El ‘morenismo’ argumentó que la CC no se pronunció dentro de los 20 días de plazo que le da la ley y envió directamente los decretos ejecutivos con las preguntas al CNE para que convoque al sufragio.
En el 2019, los exvocales del Consejo transitorio, como Pablo Dávila y Julio César Trujillo, crearon un Comité por la Institucionalización Democrática, que propuso reformar la norma suprema para eliminar al CPCCS y que su competencia para designar a funcionarios las asuma la Asamblea.
Recogieron más de un millón de firmas ciudadanas y la CC aprobó el proyecto para que se tramite según el artículo 442. Es decir, debía ser tratada por el Parlamento en dos debates y, en marzo del 2021, apenas sumó 63 votos afirmativos de 137 asambleístas. Requería de 91 voluntades. En ese periodo, en la presidencia de César Litardo en la Legislatura, se discutió una propuesta de enmienda constitucional para quitarle la atribución de elegir autoridades al CPCCS. El 14 de enero se votaron 15 mociones y ninguna se aprobó.
En la administración de Guillermo Lasso Mendoza volvió a incluirse en una consulta popular y referendo de ocho preguntas quitarle al Consejo la competencia de designar: el no ganó con más del 57 %.
En la consulta de Noboa el Consejo de Participación no estuvo en sus planes.
Para Francisco Jiménez, eliminación del Consejo es una tarea pendiente.