Familiares de periodistas asesinados aún esperan la desclasificación de las actas
Ha transcurrido casi un mes desde que la Corte Constitucional dispuso al Ministerio del Interior entregar la información a los familiares de las víctimas de diario El Comercio.
Sigue el hermetismo en el caso Nos Faltan Tres, sobre el secuestro y asesinato de periodistas de diario El Comercio (2018). El 8 de este mes vence el plazo máximo que dio la Corte Constitucional (CC) para que el Ministerio del Interior desclasifique tres actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) relacionadas con el caso; sin embargo, los familiares de las víctimas no han sido contactados por las autoridades para coordinar la entrega de la información y eso les inquieta.
El dictamen se emitió el pasado 4 de abril y fue notificado el 8 de ese mes. La Corte aceptó la demanda de desclasificación de la información que interpusieron los familiares de Javier Ortega (periodista), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra
(conductor), integrantes del equipo periodístico de El Comercio asesinado por miembros del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC, liderados por Walter Patricio Arízala, alias Guacho.
La Corte dispuso al secretario del Cosepe, cargo que ostenta la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, que “inmediatamente o hasta en un plazo máximo de 30 días” desde la notificación de la sentencia, y mediante declaración juramentada, entregue a los familiares las actas: 18 de 28 de marzo de 2018, 19 de 13 de abril de 2018 y 20 de 17 de abril de 2018; así como los audios, sus transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del Cosepe de esa época,
En la sentencia también se ordena que luego que las actas desclasificadas hayan sido entregadas, la secretaria del Cosepe tiene cinco días de plazo para presentar a la CC un informe de cumplimiento, con el detalle de la información proporcionada.
Desde la resolución los días pasaron sin que existiera un acercamiento, contacto o algún tipo de comunicación por parte del Ministerio del Interior hacia los familiares, afirmó Mauricio Alarcón, uno de los tres abogados de los familiares.
Ante el silencio del Gobierno, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo victimado, y los abogados que acompañaron la demanda enviaron una carta a la ministra Palencia, el pasado 24 de abril, mediante el sistema gubernamental Quipux. En la carta, a la que tuvo acceso EL UNIVERSO, solicitaron a Palencia que convoque a una “reunión de trabajo para tratar temas relacionados con la sentencia mencionada antes de la fecha tope señalada por la Corte Constitucional”. El pedido no ha tenido respuesta.
Ricardo Rivas contó a este Diario que al mediodía del 2 de este mes recibió un correo electrónico con un documento del Ministerio del Interior, en el que apenas se informó que la institución está trabajando para entregar la información.
“Sin embargo, no establece ni horas, ni fechas al respecto”, lamentó Rivas. Es decir, no se contestó el pedido de entablar un encuentro para coordinar la entrega de las actas, ni se dio a conocer cuándo se cumplirá con el dictamen de la Corte.
“Estamos pidiendo una reunión previa porque hay que coordinar algunas acciones. No es cuestión de que simplemente nos llamen a una reunión y nos digan “aquí están los documentos”. Hay algunos aspectos de los que tenemos que hablar. Son documentos secretos y, por ello, tienen que tener su seguridad, porque quién nos garantiza que cuando entreguen los documentos no pueda suceder alguna situación. Hay que coordinar cómo se les hace llegar este mismo documento a Fiscalía para las investigaciones (penales), que es otra parte de este escenario. Queremos saber cuántas copias certificadas van a entregar, si es una a cada familia o no”, explicó.
La investigación del caso en Fiscalía sigue estancada por más de un año.
Ricardo Rivas ha enviado una carta a la ministra Mónica Palencia.
A Ricardo Rivas le preocupa saber qué información les van a entregar finalmente.
La desclasificación de las actas es una deuda del Estado que lleva seis años sin saldarse, al igual que sigue en la impunidad el caso, con la investigación de la Fiscalía estancada por más de un año. (I)