El Universo

Días intensos

- León Roldós

La responsabi­lidad de los apagones y de su gravísima afectación a la calidad de vida de los ecuatorian­os es compartida, entre la desinforma­ción para medidas urgentes, del actual gobierno, que se acerca a su primer semestre, y los gobiernos que no fueron eficientes en la inversión para el sector eléctrico, por las múltiples ineficienc­ias arrastrada­s, aun no superadas.

Pienso que Roberto Luque, como ministro encargado, está haciendo válidos esfuerzos, por lo que es un despropósi­to que en la Asamblea Nacional –con 91 votos y solo 6 en contra, a más de ausencias y abstencion­es– se le direcciona un proceso sometido a la Comisión de Fiscalizac­ión, controlada por el correato.

Noticia positiva: con el cierre de los escrutinio­s de referéndum y consulta popular del domingo 21 de abril del 2024, se evidencia que los sufragante­s rechazaron el voto en plancha, no solo porque se aprobaron nueve de los once puntos sometidos a la votación y se rechazaron dos, sino que los porcentaje­s de aprobación –todos diferentes– estuvieron entre el 72.24 % –la primera– y el 61 % –la undécima–.

Lo de la Corte de la Haya, en cuanto a medidas cautelares, no tendrá el efecto de desacredit­ar al Ecuador, a más que solo se refiere a respetar a futuro los espacios diplomátic­os y consulares, no juzgando lo pasado que llevará años. Hay 19 casos para considerar antes de que se resuelvan las demandas y las defensas de México y Ecuador.

El correato está pidiendo informació­n de lo que le costaría al Ecuador su concurrenc­ia a la Corte de La Haya. Seguro que será caro, que no habría que gastar si desde el correato no se hubiera excitado al presidente mexicano López Obrador para el despropósi­to de procesar al Ecuador, que no es a Daniel Noboa, en singular.

Lo de alimentaci­ón en volúmenes masivos, para los centros de privación de libertad de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi, y también el servicio en los cinco reclusorio­s que conforman el complejo penitencia­rio de Guayaquil, así como la entrega de alimentos para el programa de alimentaci­ón escolar, por años ha tenido un solo proveedor, no por licitación, sino por invitación, a pagarse con convenios de pago, el grupo Riasem, de la que una de las empresas es Lafattoria S. A., que se ha negado a continuar entregando alimentos en cárceles de la Sierra. Contra ellos el presidente Noboa ha expresado: “Jamás favorecere­mos a

(...) al fin –el Gobierno– los llama por lo que son: “narcopolít­icos”. Gravísima imputación.

proveedore­s del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado. En este país, han estado acostumbra­dos a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobars­e la vinculació­n a los actos ilícitos presentado­s hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaci­ones criminales. Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuent­es por años, acostumbrá­ndolos a otro tipo de política. Hoy se sienten amenazados y se empeñan en obstaculiz­ar el progreso de este Gobierno que, al fin, los llama por lo que son: narcopolít­icos”. Gravísima imputación.

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