Familia pide justicia por la muerte de Isabella, a quien atacaron mientras dormía
Madre de la víctima es sospechosa del ataque que sufrió la niña, a la que le cortaron yugular con una hoja de afeitar.
La familia Macías ejecuta una campaña en redes sociales para que se sentencie al responsable de la muerte de Isabella, una niña de 5 años a la que el 4 de agosto de 2022 le cortaron la yugular mientras dormía en su casa, en la urbanización Puerto Azul, en la vía a la costa, periferia de Guayaquil.
La niña y su madre, Ericka L. G., fueron halladas con cortes y trasladadas hacia una clínica de Los Ceibos, donde se confirmó el deceso de Isabella. La adulta fue derivada después a una clínica del centro de Guayaquil y allí se recuperó transcurridas algunas semanas.
La Fiscalía procesó a Ericka L. G. como sospechosa del ataque que sufrió su hija y que le causó la muerte, y ordenó su detención cuando estaba en terapia intensiva, pero el abogado Félix Gárate logró en su defensa que se declarara ilegal la medida porque a la mujer no se le habían leído sus derechos al estar inconsciente.
Entonces era el 15 de agosto de 2022. Y a casi dos años del suceso, la muerte de Isabella sigue impune. Es la denuncia en X de Arianna Macías, tía paterna de la niña. Ella hizo varias publicaciones referentes al caso y cientos de usuarios reaccionaron compartiendo el hashtag #justiciaparaisabella.
Los familiares señalan a la madre como la responsable de los cortes en el cuello que sufrió la niña y sostienen que después ella quiso suicidarse.
Supuestamente Ericka L. G. padece un trastorno mental y estaba bajo tratamiento psiquiátrico cuando se produjo la muerte de Isabella. Así lo declaró la niñera a la Fiscalía. Dijo que había acostado a las 19:30 a la menor de edad y que descansaba en su habitación hasta que cerca de la medianoche se despertó por los gritos de los abuelos. Al salir vio que a Isabella y a Ericka L. G. las sacaban de la habitación en brazos. Estaban ensangrentadas.
La niñera aseguró que la madre estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pero dijo desconocer el diagnóstico y la medicación que consumía.
La familia paterna de Isabella asegura que a la sospechosa ni siquiera la mandaron a hacerse una pericia psiquiátrica para comprobar si fue o no consciente de lo que supuestamente hizo y declarar la inimputabilidad (cuando el sujeto no está en capacidad de entender la naturaleza de su acto o de determinar su conducta, a causa de trastorno mental o inmadurez psicológica) y que sea hospitalizada para recibir tratamiento.
La tía de Isabella sostiene que la familia de su excuñada le pidió borrar todo lo publicado en redes sociales, porque le podían negar la visa que estaba solicitando Ericka L. G.
Los denunciantes aseguran que algunas evidencias levantadas por los agentes de Criminalística habrían desaparecido, entre ellas la hoja de afeitar usada para cortar la garganta de la niña y las sábanas ensangrentadas, lo que dificultaría el curso de las pericias.
El coronel Henry Herrera, cuando era jefe del área de muertes violentas de la Policía Nacional, dijo a la prensa que estaban previstas pericias como una prueba toxicológica. “Para comprender cómo fue la agresión, tanto de la niña como de la adulta, se realizarán exámenes toxicológicos y un abordaje del entorno familiar”, añadió en agosto del 2022.
El abogado penalista Julio César Cueva dice que si resulta evidente para el juez o el fiscal que la persona tiene algún trastorno mental debe ser sometida a una evaluación psiquiátrica para determinar si entendía la naturaleza del delito o no, y tras eso se puede declarar la inimputabilidad y disponer un tratamiento psiquiátrico que regularmente consiste en el internamiento en el Instituto de Neurociencias, al que en los últimos 11 años han llegado un total 237 pacientes judiciales.
“Hay enfermedades que no te hacen inimputable, por ejemplo, un deprimido o un bipolar no es inimputable si comete un crimen. Solo la valoración determina si la persona estaba en capacidad de entender lo que hizo porque para el delito se requiere dolo”, explica Cueva.
Ericka L. G. podría recibir una sentencia de 34 años y 8 meses de cárcel si es declarada culpable del asesinato de la niña Isabella.
El sceso violento ocurrió el 4 de agosto de 2022 en una urbanización de vía a costa.