Se aprueba ley que asegura la asignación ‘directa’ para los GAD
Con 106 votos afirmativos de los legisladores se aprobó en la sesión de ayer la normativa, que irá al Gobierno para que posteriormente se ratifique o la vete parcial o totalmente.
En un ambiente de algarabía, risas y aplausos, con 106 votos afirmativos de los miembros de la Asamblea se dio un espaldarazo a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) con la aprobación del proyecto de ley reformatoria para asegurar la asignación directa y automática de los recursos permanentes y no permanentes a su presupuesto y evitar la “injusta” retención de la que acusan al Gobierno nacional.
Tras casi dos años de espera, ayer la Asamblea aprobó el proyecto reformatorio para asegurar la asignación directa de los recursos permanentes y no permanentes para los GAD que se trató en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
El articulado reforma cuatro normas: el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), Código Orgánico Monetario, Código de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley de Régimen Tributario. Tiene seis artículos, una disposición general y tres transitorias.
La propuesta la planteó el legislador y presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en el 2021, y ayer se aprobó con 106 votos y catorce abstenciones, estas últimas de algunos legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática
Nacional (ADN).
El objeto esencial de la norma es que de la Cuenta Única del Tesoro el Banco Central del Ecuador (BCE) transfiera de forma directa y automática los ingresos permanentes y no permanentes a los presupuestos anuales de los gobiernos territoriales. Para ello, el BCE deberá crear subcuentas únicas para efectuar la transferencia y evitar que la decisión pase por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La iniciativa plantea que, después de aprobada, corran 90 días para que el Ministerio de Economía transfiera “todas” las asignaciones pendientes permanentes y no permanentes. Así también, 5 días antes de terminar el mes, el ministerio definirá los valores que se transferirán al Gobierno local y los primeros 5 días del mes hará la asignación. De lo contrario, se iniciarán los procesos legales para sancionar a los servidores responsables de no cumplir con la medida.
Según las cifras mencionadas durante el debate parlamentario, el régimen les adeuda: Prefecturas: $ 571 millones, alcaldías: $ 520 millones, gobiernos parroquiales: $ 19 millones, Fondo Amazónico: $ 950 millones.
Al debate asistieron representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope), la Asociación de Municipalidades (AME) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), quienes intervinieron en comisión general. El presidente de la AME y alcalde de Nabón (Azuay), Patricio Maldonado, aseguró que este reclamo no es una acción política, sino de concientización para cubrir las necesidades de sus territorios y de la institución.
Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), quien propuso el texto, indicó que “es necesario que se le ponga fin y se implemente de manera eficiente” la entrega de recursos a los gobiernos locales e incluso para que sus autoridades puedan ejecutar su plan de campaña.
Su coideario Vicente Taiano, coordinador de bancada del PSC, llamó al gobierno de Daniel Noboa a no vetar esta ley. “Sería indolente e irresponsable vetarla”, dijo, ya que una vez aprobada volverá al Ejecutivo para que la objete parcial o totalmente.
Desde las bancadas del PSC y de la Revolución Ciudadana (RC) hubo apoyo al proyecto para evitar que sea una “moneda de cambio” usada por el régimen para presionar a alcaldes, prefectos o vocales de juntas parroquiales.
Tras más de una docena de intervenciones, antes de las 14:00, Kronfle propuso votar en dos mociones. La primera fue aprobar la ley, sin el inciso segundo de la disposición transitoria tercera. Hubo 106 votos a favor y 14 abstenciones, cero blancos y cero en contra.
La segunda moción planteaba aprobar el inciso segundo de la disposición transitoria tercera, en la que se disponía que el “Ministerio de Economía y Finanzas tendrá como plazo de cumplimiento el ejercicio fiscal de 2023, para lo cual deberá realizar el cálculo de las asignaciones e ingresos permanentes y no permanentes que se encuentren pendientes, debiendo asignar los valores al presupuesto dentro del ejercicio fiscal sin mérito a excusas”. No se aprobó.
La propuesta la planteó en el 2021 el legislador y actual presidente Kronfle.
A este debate asistieron representantes de gremios como AME, entre otros.