Amnistía a favor de la violencia
La Asamblea Nacional analiza el pedido de amnistía presentado por dos partidos políticos a favor de los procesados, miembros de esos mismos partidos, por los actos violentos y el intento golpista de octubre de 2019. Tramita el pedido la Comisión de Garantías Constitucionales, que intentó destituir al actual presidente con el informe de los Pandora Papers.
En octubre de 2019 la organización indígena Conaie convocó a marchas de protesta en contra de un decreto ejecutivo que disponía elevar los precios de los combustibles. La protesta, legítima, derivó en actos de violencia organizada, suspendieron el bombeo de pozos petroleros, asaltaron instalaciones de provisión de agua potable, incendiaron el edificio de la Contraloría de la Nación, asaltaron medios de comunicación y empresas privadas, asaltaron ambulancias, maltrataron a policías, militares y periodistas secuestrados, y llenaron de violencia calles y carreteras. Vejaron al presidente de la República y exigieron que se derogara el decreto.
La Justicia ha venido tramitando, con la lentitud que la caracteriza, las denuncias en contra de los líderes indígenas que públicamente ordenaron las violaciones de la ley, en contra de funcionarios que utilizaron recursos públicos para destruir la propiedad pública y en contra de los detenidos que participaron en los actos violentos.
Los acusados se defienden con el argumento de que la protesta es un derecho constitucional y que la violencia fue obra de “infiltrados”. Es el libreto de la protesta violenta que se ha repetido siempre y en todas partes y es la misma defensa que han utilizado siempre los anarquistas y golpistas. Ninguna Constitución autoriza la violencia ni los líderes han identificado nunca a los “infiltrados”. Ahora proponen una amnistía en grupo. No puede considerarse el mismo grado de responsabilidad el de los seguidores, convencidos, engañados o pagados, y el de los líderes y organizadores. Les resulta conveniente utilizar ahora, como escudo de los líderes, a los ingenuos y desesperados seguidores.
El Poder Legislativo puede utilizar este instrumento jurídico que consiste en olvidar el delito, suspender el proceso y anular la sentencia, cuando resulta de utilidad para la sociedad o puede facilitar un proceso de pacificación. Los líderes de la Conaie pretenden obtener la amnistía sin reconocer la violación legal y con la descarada promesa de repetir las acciones que han motivado el proceso judicial.
El dirigente indígena Leonidas Iza, Andrés Tapia y Andrés Madrid son coautores del libro Estallido, sobre la rebelión de octubre. En la página 96, con gran destaque, reproducen lo que llaman consignas populares de octubre: “¿Qué se necesita para ser Asambleísta? ¡Ser un cerdo oportunista!”. Pues los “cerdos oportunistas” están ahora pidiendo la amnistía. En el libro, justifican la violencia porque no creen en la posibilidad de llegar al poder por el camino democrático, aunque hayan llegado lejos, aunque tengan la segunda representación más numerosa en la Asamblea Nacional; solo conocen el camino de la violencia, y la confrontación contra el aparato represivo del Estado democrático.
Consagrar la impunidad por la vía de la amnistía nos condenaría a vivir con miedo a los violentos que ahora se esconden detrás de sus seguidores para pedir la amnistía, pero adoptan aires de redentores cuando consiguen la impunidad. Lo hemos visto antes. La amnistía exige el arrepentimiento y la promesa de cambiar el rumbo. No es aceptable la promesa anticipada de que volverán a la violencia con el pretexto de que la represión genera violencia porque la fuerza pública achaca a la violencia la necesidad de represión. Los revoltosos, cuando llegan a ser Estado, lo primero que hacen es armar un aparato represivo como nunca habían visto ni sufrido. Solamente la expresión del arrepentimiento puede hacernos creer que la amnistía puede ser útil para la sociedad y que puede conducir a la pacificación.