La renegociación de la telefonía móvil
Está demorada y sin una hoja de ruta que brinde certezas al mercado de telecomunicaciones, a las operadoras y a sus 13 millones de abonados. El próximo año vencen los contratos de concesión de Conecel S.A. (Claro) y Otecel SA. (Movistar), renovados por 15 años en 2008, y todavía faltan definiciones que permitan asegurar la continuidad del servicio público que prestan.
Ante la incertidumbre, se agitan voces de alerta sobre la presunta falta de transparencia de un proceso donde se mueven múltiples intereses, no solo técnicos y económicos, sino también de carácter político.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea está monitoreando el tema, preocupada por versiones, infundadas, de que hay una cláusula oculta en los contratos que condicionan su renovación. Las comparecencias que se llevan a cabo, con la participación de una amplia gama de actores, han permitido desvirtuar semejante falsedad, a igual que otras muletillas, sobre un presunto servicio caro y de mala calidad.
Para tranquilidad de todos, se aclaró en este foro que, conforme a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Ecuador se encuentra en el puesto 53 de un total de 165 naciones medidas en cuanto al desarrollo de su sector de telecomunicaciones; es decir, su posicionamiento es de la media para arriba. De este modo, se invalidan argumentos tremebundos que habían prejuiciado a algún asambleísta.
Un factor de peso que fue expuesto de manera recurrente, reconocido por la propia ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Vianna Maino, es que el país no ha asignado aún el 70 % del espectro radioeléctrico, que constituye la materia prima para desplegar redes y servicios de telecomunicaciones, en general. Y cabría añadir que uno de los factores que incide en este retraso es la tendencia a su sobrecosto.
Basta señalar que el Reglamento de Tasas por Uso de Frecuencias, que data de 2003, y sin duda es obsoleto, no discrimina por área geográfica, de modo que las operadoras de telefonía móvil pagan lo mismo por funcionar en Quito y Guayaquil, que en Yangana o Palanda, lo cual es un absurdo. Semejante despropósito no ha hecho sino desestimular la cobertura en sectores rurales y urbano-marginales, toda vez que ha encarecido antitécnicamente la instalación de radiobases.
Respecto al modelo de renovación aplicable a las concesiones, hay dos estándares de contrato que son polos opuestos: el recaudador y el desarrollador. El primero maximiza la recaudación fiscal mediante un modelo matemático de flujo de ingresos del operador durante 20 años o, como alternativa, un valor comparativo de procesos semejantes en América Latina y el Caribe; es el que siguió el país en 2008. El otro se enfoca en minimizar el costo de las bandas asignadas del espectro, con la finalidad de estimular la cobertura y servicio universal al costo más bajo posible; es la política pública de Chile. Entre los extremos puede haber un punto medio.
Sobre la asignación y costo de bandas, la queja de las operadoras radica en que su valor continúa siendo hasta seis veces mayor que el promedio en la región. Además, que fuera de ello hay otras obligaciones contractuales que cumplir, como el 2.93 % de los ingresos brutos facturados y percibidos, a más del 1 % del Fondo de Servicio Universal. El inconveniente es que esta recaudación, que debería ir en favor del desarrollo de las telecomunicaciones, termina en el saco roto del Presupuesto General del Estado.
El Gobierno ha señalado que espera, con la asesoría de la UIT y una veeduría internacional calificada, resolver la renovación de las concesiones en una mesa de trabajo que se cumplirá entre octubre y abril de 2023. La banda de 3.5 GHZ para el funcionamiento de la tecnología 5G no será parte de la negociación y quedará a la espera de una licitación internacional posterior.
“EL PAÍS NO HA ASIGNADO AÚN EL 70 % DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO”