Asambleístas están de acuerdo con el anuncio. Los correístas esperan que se respete el debido proceso.

Tan pronto fue posesionado en el cargo como procurador General del Estado para los próximos cuatro años, Íñigo Salvador Crespo anunció ayer que pedirá a la Contraloría que realice un examen especial a esta institución. En eso incluirá no solo al tema de la contratación de abogados por parte de Diego García, quien le antecedió en el cargo, “sino para todos los procedimientos internos y contrataciones y demás temas administrativosfinancieros”.

Lo dijo a los periodistas en el vestíbulo del Palacio Legislativo, luego de suscribir el acta de posesión y tomar juramento en el cargo en una breve ceremonia, que terminó con aplausos de legisladores de distintas bancadas.

“Diez años con un solo procurador a la cabeza merecen un examen especial, sin tratar de echar duda de entrada sobre la administración del doctor Diego García, creo que por salud y por un deber de transparencia al pueblo ecuatoriano, es importante hacer ese examen”, apuntó.

Salvador manifestó que no hubo una transición sistematizada y pidió tiempo para identificar a sus prioridades en esta institución, a la que García renunció a finales del año pasado. “Así como el país es polarizado, dentro de la Procuraduría se nota también esa polarización”, sostuvo.

Agregó que los más altos cargos directivos van a ser ocupados por gente de su equipo. Aseveró que el área de patrocinio penal será reforzada para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en el juicio al exvicepresidente, Jorge Glas, cuando la Procuraduría llegó fuera de tiempo a la audiencia y quedó fuera de la acusación. “Hay múltiples arbitrajes internacionales en los cuales la Procuraduría tiene parte importante, con un récord dudoso en cuanto al éxito a la defensa”, mencionó, tras retirarse acompañado de su familia, entre quienes no estaba su hermana, la excanciller correísta María Isabel Salvador. Durante la ceremonia, la presidenta de la Asamblea, la oficialista Elizabeth Cabeazas, le deseó éxitos en las funciones a él encomendadas y lo exhortó a que cumpla fielmente las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Mientras, en los pasillos, Kharla Chávez (PAIS), vicepresidenta

La Procuraduría es un organismo público, técnico jurídico, a cuyo titular le corresponde la representación judicial y el patrocinio del Estado, así como de sus instituciones, el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la Ley, entre otras funciones. de la Comisión de Fiscalización, y el socialcristiano Luis Fernando Torres, miembro del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificaron de normal que el Procurador arranque su gestión con una auditoría.

“Alguien que llegó a un cargo tiene que saber cómo recibe el despacho y hace bien en solicitar esa auditoría. Será muy importante, por ejemplo, conocer una auditoría jurídica sobre la forma cómo se defendió al Estado ecuatoriano o cómo se iniciaron procesos especialmente a nivel internacional”, dijo Torres.

Guillermo Celi, jefe de la bancada de SUMA, concordó en que el nuevo Procurador “tiene que poner la casa en orden”. Mientras, Esteban Melo, del bloque correísta, dijo confiar en que todo se lo haga respetando el debido proceso. “Todo lo que sea necesario analizar que se lo haga, pero dentro del debido proceso, respetando la legalidad, no dentro del marco de la persecución”, puntualizó Melo. Independientemente de las motivaciones, Goyes y Verdesoto aseguran que la designación de un nuevo CNE no puede esperar, ya que hay decisiones urgentes. La principal, dicen, es derogar o modificar el reglamento para las inscripciones de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana permanente que se elegirá en los comicios seccionales de 2019.

El CNE ya realizó la convocatoria para la verificación de requisitos e impugnaciones con el objetivo de definir el listado de candidatos. Las postulaciones se reciben desde el lunes y el plazo vence el 13 de este mes.

Para Verdesoto este reglamento es una maniobra del correísmo a través del CNE actual para poner una extensa lista de candidatos al Consejo de Participación permanente. “Lo que ha hecho el CNE es apresurar esta elección, hacerlo cuando ya no tienen ninguna legitimidad”, dijo el analista.

Verdesoto dijo también que es una muestra más del conflicto de intereses que caracterizó al organismo electoral durante la década pasada, por lo que es necesario que las nuevas autoridades suspendan la vigencia de ese instructivo y adopten uno nuevo que permita postulaciones democráticas.