2 militares procesados por muerte en el 30-S
La Fiscalía admitió la demora en la investigación. Ayer inició la instrucción fiscal.
La Fiscalía se demoró casi ocho años para formular cargos en contra de dos oficiales de las Fuerzas Armadas, el mayor Vicente Alejandro N. A. y el teniente coronel Wilson German R.P. por la muerte del policía Froilán Jiménez durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010, 30-S.
En la indagación previa reunió 36 elementos de convicción que ayer presentó en la audiencia de formulación de cargos, antes de solicitar que inicie la instrucción fiscal por el presunto delito de ejecución extrajudicial.
En 24 días se cumplirán ocho años desde que Jiménez recibió un impacto de bala en el lado izquierdo de su cuerpo, presuntamente de uso militar de grueso calibre, y el informe de lo ocurrido sigue en reserva.
Lo confirmó el fiscal que lleva el caso, Fabián Salazar, durante la audiencia en la Unidad de Flagrancias de Quito. “Es verdad que se ha demorado (la investigación)”, admitió. Su argumento: que el Ejército se ha tratado de escudar “detrás de un informe reservado”. Por lo que la familia de Jiménez solicita al presidente, Lenín Moreno, que levante la reserva.
Sin embargo, Salazar dijo ayer dijo que con las pericias, las versiones y el material audiovisual se pudo identificar que los dos oficiales participaron la noche del 30-S y que habrían estado detrás del jeep rojo de donde salieron las balas en dirección al vehículo en el que se encontraba Jiménez y el expresidente Rafael Correa.
“Jiménez fue a cumplir su función, la evacuación presidencial. No era parte de los sublevados”, enfatizó Edwin Romero, abogado de Sandra Jiménez, hermana del policía caído.
Presuntos responsables
Inicialmente estaban detenidos con fines investigativos cuatro oficiales: Gilmar Vladimir A. M., Luis Patricio D. A., Vicente Alejandro N. A. y Wilson German R. P., pero la Fiscalía solo encontró elementos en contra de los dos últimos, quienes en su versión de antier admitieron haber estado en el lugar de los hechos cumpliendo disposiciones bajo una cadena de mando.
Por eso, el fiscal informó al juez de la Unidad Penal Roberto Cueva que dentro de los 36 elementos de convicción tenía una pericia morfológica y de identidad humana que permitió “identificar la presencia de los procesados”, además de peritajes balísticos del lugar de los hechos y otros que se recabaron desde el día de la muerte de Jiménez hasta antes de ayer (ver recuadro).
Sin embargo, la defensa considera que en la instrucción fiscal de 90 días, que inició ayer con la disposición del juez, se deberá incluir a otras personas, especialmente a quienes dieron las órdenes dentro de la cadena de mando.
“Van a haber más vinculados porque existen dos servidores militares que están por identificarse. Se van a pedir versiones de ministros y funcionarios públicos que no han dado declaraciones”, explicó Romero. Fusil perdido Los militares deberán responder, dijo el abogado, por el robo del fusil del que pudo haber salido la bala que mató a Jiménez y por el tipo de armamento que se llevó al operativo. El teniente coronel Wilson R., en su versión, afirmó que su fusil fue robado. Pero, según la defensa, no se puso una denuncia en la Fiscalía como correspondía. “Van a tener que justificar si iniciaron algún tipo de acción”. Esta afirmación se contrapone al criterio del abogado de los procesados, Rafael Pérez, quien señaló que durante la instrucción fiscal se desvirtuarán todos los hechos. Sus dos defendidos tienen prohibición de salir del país y tienen que presentarse cada lunes y viernes ante el fiscal Salazar mientras dura la investigación. “Son militares que también estaban en labor, protegiendo. Las circunstancias y los detalles se verán en el proceso. Todo está debidamente denunciado y eso se va a ratificar”, indicó.
El accionar del fiscal nos va a dar la verdad y se va a establecer responsabilidad de quién disparó y de quiénes dieron la orden. Son ocho años y es justo saber la verdad”. SANDRA JIMÉNEZ HERMANA DEL POLICÍA CAÍDO